SAN SALVADOR, 21 ago (NNN-TELESUR) — La Asociación Americana de Juristas (AAJ) denunció el pasado viernes las reformas a la Ley contra el crimen organizado, ante la escalada de represión y la militarización desatada en El Salvador por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Al declarar que estas medidas “se aplicarán a los detenidos bajo el régimen de excepción, profundizando la arbitrariedad en el sistema de justicia”, la AAJ insistió que son de carácter inconstitucional ya que violentan aspectos elementales del debido proceso, la independencia judicial y los tratados internacionales suscritos por el país.
Al instaurar el régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022 en el país por el Gobierno salvadoreño, la organización alega que se han perdido garantías constitucionales, como la libertad de asociación, la inviolabilidad de las telecomunicaciones, la defensa técnica y la detención preventiva por 72 horas.
Procesar colectivamente a las personas capturadas bajo el régimen de excepción (71,000 personas, que serían agrupadas en grupos de 900, para acusarlos ante tribunales de crimen organizado) muchas de ellas mediante detenciones arbitrarias, son de las finalidades de la reforma.
“El gobierno alega que todos pertenecen a las estructuras de las pandillas 18 y de las maras MS13. El mayor riesgo de estas disposiciones es que personas inocentes o que no tienen ningún vínculo con pandillas serán incluidos en juicios masivos y condenados sin evidencia”, indicó la AAJ.
De igual manera la reforma eliminará el plazo máximo de un proceso que era de 24 meses, al tiempo que se le ha otorgado a la Policía Nacional Civil “mayor poder de dirección de investigación cuando debe ser colaborador de la Fiscalía (art. 193, numeral 3)”.
Con la aplicación de esta reforma además de violarse el debido proceso también se afectará la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Entre tanto, al condenar los asesinatos cometidos bajo el régimen de excepción en la cárcel contra más de 200 personas, la congregación expresó su preocupación sobre la seguridad pública y el despliegue de las Fuerzas Armadas para “la seguridad territorial”.
“La militarización de las zonas y comunidades organizadas tiene como objetivo aterrorizar a una población con tradición de lucha, y silenciarla en sus expresiones contra las minerías y la injusticia social. Según informes, están obligando a los pobladores a entregar las casas comunales, casas de la cultura y otros espacios de uso comunal para uso militar”, dijo la Asociación Americana de Juristas.
Asimismo, exige “la libertad inmediata de los líderes comunitarios y ambientalistas de Santa Marta y la desestimación de los presuntos delitos. En realidad, son encarcelados desde el 19 de diciembre de 2022, por las luchas que han librado en defensa del medio ambiente y contra la minería”.
— NNN-TELESUR
