LIMA, 26 jul (NNN-CUBADEBATE) — En Perú, organizaciones sociales rechazaron la represión policial en ocasión de la III Toma de Lima y acordaron nuevas movilizaciones en todo el país en reclamo de la salida del poder de la presidenta designada Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones.
En conferencia de prensa rechazaron la represión violenta y racista que se produjo el sábado pasado, en la plaza San Martín. Debido a los actos violentos de la policía hubo varios heridos y detenidos, entre ellos algunos legalistas que prestaban auxilio a las personas afectadas.
Se está anunciando que a partir del lunes 24 de julio se van a desarrollar diversas actividades de protesta en Lima y en todas las regiones del país con plantones, movilizaciones, vigilias y actividades culturales.
Hay dos días centrales en los que se van a desarrollar jornadas de lucha. El miércoles 26 de julio fecha en que el Congreso de la República elegirá a la mesa directiva que estará en funciones durante un año y se expresará el rechazo a este poder del Estado que según encuestas tiene menos del 7% de aprobación.
La segunda fecha será el viernes 28 de julio, día en que Perú cumple 202 años de declararse independiente. Habrá un paro nacional que en Lima iniciará en la plaza 2 de Mayo y tratará de llegar lo más cerca del Congreso de la República.
La marcha se dirigirá hacia el Congreso debido al mensaje que transmitirá la presidenta designada Dina Boluarte desde este lugar.
La población ha rechazado las últimas declaraciones de Boluarte acusando de violentas y terroristas estas manifestaciones.
Por otra parte, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado, por lo que dictaminó el embargo de los bienes del depuesto mandatario Pedro Castillo y de quien fuera primer ministro de su Gabinete, Aníbal Torres.
En forma de inscripción e inhibición, el juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo de cuatro propiedades del expresidente Castillo, tres de las cuales se encuentran ubicadas en Anguía, Chota, el pueblo natal del ex jefe de Estado y una en el pueblo de Tacabamba, que pertenecería a sus padres.
Mientras que, en el caso del ex premier Aníbal Torres Vásquez, se le incautarán nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo. Debido a la orden, ni Castillo ni Torres podrán vender ni ceder esos bienes a terceros.
La Procuraduría General del Estado en Perú ha solicitado una reparación civil de unos 67 millones de soles (unos 18 644 083 de dólares) por el intento de Castillo de disolver el Congreso e instaurar un Gobierno de excepción el 7 de diciembre pasado.
A ambos líderes políticos se les investiga por el presunto delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio al Estado.
La investigación de la Fiscalía también relaciona con estos hechos a la ex primera ministra Betssy Chávez; al extitular del Interior Willy Huerta y al exministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez.
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