LIMA, 29 de marzo (NNN-PRENSA LATINA) — Una larga protesta campesina que bloquea a la segunda mayor mina de cobre de Perú tiende a extenderse hoy, al confirmar los frentes de defensa de siete provincias surandinas un paro de 48 horas de apoyo a esa lucha.
En una asamblea, los dirigentes de esas y otras organizaciones sociales de la región de Apurímac advirtieron que la paralización tiene carácter preventivo, es decir que podrán ejecutar medidas de protesta más largas.
La asamblea respaldó la demanda de la comunidad de Fuerabamba, que bloquea el camino de acceso a la mina de cobre MMG Las bambas desde hace casi ocho semanas; la libertad para su presidente, Gregorio Rojas, y sus dos asesores legales, y el levantamiento del estado de emergencia decretado en la zona.
Los comuneros de Fuerabamba exigen principalmente que la empresa transnacional les pague una fuerte compensación por el paso por sus tierras de 360 grandes camiones cargados de mineral que, además, impactan en el medio ambiente, exigencia también respaldada por la asamblea.
En la reunión, según sus dirigentes, participaron 48 comunidades campesina, parte de ellas atravesadas también por un camino habilitado por la empresa y declarado vía nacional por el gobierno, es decir que no puede ser interrumpida.
Los dirigentes sociales exigen igualmente la realización de una auditoría sobre el cumplimiento de 17 compromisos de compensaciones a las comunidades y medidas de cuidado ambiental, establecidas en un convenio previo a la operación minera, con las comunidades de la ruta y el entorno.
Entretanto, el presidente de la Conferencia Episcopal católica, monseñor Miguel Cabrejos, ofreció la mediación de los obispos entre el gobierno, MMG y los campesinos.
Adelantó que la misión estará a cargo de una comisión integrada por él, el cardenal Pedro Barreto y el vicepresidente de la conferencia, Robert Prevost, y señaló que la mediación requiere de que primero se instale un clima de tranquilidad.
La Comunidad de Fuerabamba condiciona el diálogo a la libertad del dirigente Rojas y los dos asesores detenidos la semana pasada. Estos últimos son acusados por la policía y el gobierno de azuzar el conflicto con fines de extorsión y lucro.
El defensor del Pueblo, Wálter Gutiérrez, rechazó la detención de Rojas y dijo que la decisión judicial no fue debidamente fundamentada, por lo que la medida debe revertirse, aunque el gobierno dice que la decisión al respecto la tiene la justicia.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Morán, dijo que el conflicto ‘no será un nuevo Bagua’, nombre de una provincia amazónica en la que la represión policial a un bloqueo de una carretera durante una proteste indígena, dejó un saldo de 23 policías y diez civiles muertos.
‘El gobierno no tiene esa intención, apelamos a que se imponga el sentido común y la sensatez, no queremos ensangrentar al país’, dijo Morán, aunque sectores conservadores y neoliberales reclaman ‘mano firme’ para imponer el orden a los campesinos.
— NNN-PRENSA LATINA
