NACIONES UNIDAS, 8 jul (NNN-UNIS) — La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó el viernes su preocupación por la militarización de la seguridad pública en Honduras. La declaración tiene lugar dos días después de que el Gobierno prorrogara por 45 días el estado de excepción establecido para hacer frente a la extorsión y el crimen organizado.
Vigente desde diciembre de 2022 en 17 de los 18 departamentos de Honduras, el estado de excepción permite a la policía militar apoyar a la policía nacional en la realización de tareas de seguridad pública. También deroga el derecho a la libertad personal, la libertad de asociación, reunión y circulación, y permite a las fuerzas armadas y de seguridad llevar a cabo detenciones y registros sin orden judicial, detalló Marta Hurtado.
El 21 de junio, las autoridades anunciaron que el mando y el control del sistema penitenciario se transferían a la policía militar. La portavoz señaló que esta decisión se tomó a raíz de un violento incidente ocurrido en la prisión nacional de mujeres de la ciudad de Tamara, donde 46 reclusas murieron cuando miembros de una banda atacaron una parte de la prisión en la que se alojaban miembros de una banda rival.
Desde entonces, se han llevado a cabo intervenciones de la policía militar en todas las prisiones de Honduras.
“El monitoreo inicial de nuestra Oficina, así como la información de organizaciones de la sociedad civil y otras fuentes con respecto a las operaciones militares en las prisiones, indican que los reclusos, en particular los presuntamente asociados con pandillas, han sido golpeados y pateados por la policía militar. También han sido sometidos a privación de sueño y se les ha racionado la comida y el agua, acciones que pueden constituir malos tratos”, declaró Marta Hurtado.
En este contexto, la Oficina pidió a las autoridades a que garanticen que existe una supervisión interna y externa de la acción militar en las prisiones, así como del mando y control del sistema penitenciario, para impedir violaciones de los derechos fundamentales. También pidieron que las denuncias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza sean investigadas con prontitud.
Marta Hurtado reconoció que existe una necesidad urgente de abordar los niveles de violencia imperantes en el país, tanto dentro como fuera de las prisiones, pero las medidas que se han adoptado no deberían dar lugar a violaciones de los derechos humanos.
“Recordamos que el uso de los estados de excepción debe ser excepcional, limitado en el tiempo y restringido a lo estrictamente necesario según las circunstancias del caso concreto”, añadió.
Hurtado recordó al Estado de Honduras que el sistema penitenciario debe estar bajo control civil, en el marco de una política de seguridad integral que aborde las causas profundas de la violencia y contribuya al desmantelamiento de las bandas y otros grupos de delincuencia organizada.
“Deben redoblarse de inmediato los esfuerzos para abordar los antiguos retos de la justicia penal y penitenciaria. Entre ellos se encuentran el uso extensivo del encarcelamiento, el hacinamiento, las condiciones de vida inadecuadas, la falta de servicios básicos y el control de algunas prisiones por parte de los reclusos. El Estado debe proteger la vida de las personas detenidas”, exhortó.
Por último, la portavoz se refirió a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que deben servir de estándar para abordar el problema de las prisiones de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
“Esto no sólo servirá para garantizar la dignidad humana de los reclusos, sino que también redundará en beneficio de la seguridad pública y la cohesión social de la sociedad en general”, añadió.
Hurtado declaró que la Oficina de Derechos Humanos en Honduras permanece disponible para proporcionar asistencia técnica.
— NNN-UNIS
