NACIONES UNIDAS, 3 jun (NNN-UNIS) — Honduras debe afrontar décadas de impunidad en materia de ejecuciones extrajudiciales y responsabilizar a los autores de esos atropellos, afirmó el viernes un experto independiente de la ONU.
Tras una vista de diez días a la nación centroamericana, el relator* especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias destacó “la manifiesta voluntad política y los esfuerzos en curso del Gobierno hondureño para fortalecer los derechos humanos”, pero indicó que estas acciones “deben traducirse en la prevención efectiva y la investigación de las muertes ilícitas”.
En un informe preliminar, Morris Tidball-Binz** evaluó los avances de Honduras desde las visitas de sus dos predecesores, Asma Jahangir y Christof Heyns en 2001 y 2016, respectivamente.
“Las investigaciones efectivas, el acceso a la información y la justicia para las víctimas siguen obstaculizadas por la limitada capacidad de investigación y una cultura de impunidad, aun cuando son fundamentales para romper el ciclo de violencia prolongado”, observó el experto de la ONU.
Las ejecuciones extrajudiciales, que fueron sistemáticas en la década de 1980 y alcanzaron su punto álgido tras el golpe militar de 2009 y la crisis post electoral de 2017, siguen siendo un fenómeno generalizado.
El relator situó la ubicuidad de estas violaciones a los derechos humanos en todas las capas sociales, pero destacó que especialmente afectan a grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, las comunidades garífunas (afrohondureños), los campesinos, las personas defensoras de los derechos humanos y medioambientales, los periodistas y las personas del colectivo LGBTIQ+.
“El Gobierno debe garantizar que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y defensa está estrictamente regulado de acuerdo con las normas internacionales”, afirmó Tidball-Binz.
El experto aplaudió el proyecto de ley sobre el uso de la fuerza, basado en estos principios, que está estudiando el Congreso Nacional, e instó a su adopción.
El relator señaló los obstáculos a los que enfrentan las víctimas para documentar e investigar sus denuncias, así como la falta de reparaciones adecuadas. Asimismo, mostró su preocupación por el hostigamiento y las represalias contra las víctimas y los testigos de muertes ilícitas, así como los retos para la protección efectiva de estas personas.
Tidball-Binz celebró la desmilitarización del sistema penitenciario e instó al Gobierno a establecer un sistema digitalizado único que permita registrar los fallecimientos bajo custodia.
“Todas las muertes bajo custodia deben investigarse conforme a las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016)”, especificó.
El experto también destacó el desigual impacto de los asesinatos de mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Expresó su preocupación por la falta de protocolos especializados para investigar la violencia contra las mujeres, incluidos los feminicidios y las muertes violentas de personas LGBTIQ+, y pidió al Gobierno su adopción y aplicación.
El relator especial declaró que un paso fundamental para investigar y prevenir eficazmente las muertes ilegales es la creación de un Instituto de Medicina Legal independiente, autónomo y bien financiado. Tidball-Binz acogió con satisfacción una reciente propuesta legislativa en este sentido.
“Responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales no es una opción, sino una obligación bajo el derecho internacional”, dijo el experto. “
— NNN-UNIS
