NACIONES UNIDAS, 19 may (NNN-UNIS) — Un experto de la ONU en derechos humanos pide que los responsables rindan cuentas y aboga por una reforma política para resolver la crisis que atraviesa el país. El racismo y la discriminación afectaron la respuesta del gobierno hacia los manifestantes, denuncia.
El relator especial de las ONU* sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica afirmó el jueves que el Gobierno de Perú usó excesiva y desproporcionadamente la fuerza durante las protestas de diciembre de 2022 que dejaron un saldo de más de 60 muertos y centenares de heridos.
Al terminar una visita oficial de diez días a Perú, Clément Nyaletsossi Voule instó a garantizar que los responsables de matar y herir a los manifestantes rindan cuentas ante la justicia.
El 7 de diciembre pasado, el presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido y detenido luego de haber informado que cerraría el Parlamento e instauraría un gobierno de excepción basado en decretos para restablecer el estado de derecho y la democracia. Castillo fue acusado tramar un golpe de Estado para evitar un juicio político por cargos de corrupción.
Depuesto Castillo, quien fuera electo en julio del año pasado, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo, según lo dispone la Constitución del país. Boluarte es la sexta mandataria de Perú a partir de julio de 2016.
Estos acontecimientos desataron en todo el país una ola histórica de movilizaciones que encontraron como respuesta medidas de represión y uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.
Más de 60 personas murieron en enfrentamientos en los que también hubo cientos de heridos, incluyendo mujeres, niños, integrantes de comunidades indígenas y agentes policiales. Además, la violencia causó la destrucción de propiedades.
El relator especial condenó todos los actos violentos y aseguró que para superar la crisis social e institucional que vive actualmente Perú es imprescindible que haya justicia, además de una reforma política.
El experto denunció la exclusión, el racismo y la discriminación que existen de manera muy arraigada en Perú, considerando que afectaron la respuesta gubernamental a las movilizaciones.
Detalló que las comunidades indígenas que protestaron fueron estigmatizadas y llamó al gobierno a reconocer que se les reprimió de forma violenta y desproporcionada.
En este sentido, exhortó a las autoridades a respetar los derechos humanos de todos los peruanos abordando las causas históricas de fondo de las protestas que, a su parecer, reflejan una pérdida de confianza en el orden democrático y en las instituciones existentes en Perú.
Como un primer paso para reducir las tensiones, el experto exhortó a un diálogo amplio y representativo para debatir las reformas, que incluya a las comunidades que protestan.
Por otra parte, Voule rechazó la retórica hostil utilizada contra el movimiento de protesta, que ha etiquetado a los manifestantes como terroristas.
Al referirse al poder judicial peruano, indicó que en el pasado había respetado el derecho a la libertad de reunión pacífica y lo conminó a preservarlo, evocando la responsabilidad del Estado de proteger esta garantía.
Voule pidió a las autoridades peruanas que garanticen el debido proceso a quienes han sido acusados o son investigados.
El relator especial presentará al Consejo de Derechos Humanos un informe sobre su visita a Perú en junio de 2024.
— NNN-UNIS
