BUENOS AIRES, 7 dic (NNN-CUBADEBATE) — La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada el martes a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos al terminar un juicio que duró tres años y medio y que estuvo rodeado de escándalos y denuncias de parcialidad.
El Tribunal Oral Federal número 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, encontró a la expresidenta culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Sin embargo, la absolvieron del delito de asociación ilícita que le habían imputado los fiscales de la causa, y cuya pena máxima era de 12 años de cárcel.
De esta forma concluyó un proceso en el que hubo 13 imputados que recibieron sentencias que van desde la absolución hasta los seis años de prisión, y en el que participaron más de 100 testigos.
Los jueces anunciaron que los fundamentos del veredicto se darán a conocer el próximo 9 de marzo. Hasta ese día se sabrán los argumentos judiciales que tomaron en cuenta para dictar las sentencias.
Minutos después de la lectura del fallo, la vicepresidenta ofreció un mensaje en el que recordó las múltiples irregularidades procesales que tuvo el caso.
“La condena estaba escrita (…) Está claro que la idea era condenarme como finalmente lo hicieron”, dijo.
El fallo es histórico porque es la primera vez que un personaje político con un cargo tan alto es condenado en ejercicio de sus funciones. Antes fueron sentenciados los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa y el exvicepresidente Amado Boudou, pero ya no ocupaban sus puestos.
La trascendencia del caso se debe, también, a que Fernández de Kirchner es la figura política más importante del país sudamericano desde que en 2007 se colocó por primera vez la banda presidencial.
Por eso, a pesar de que ni ella ni el Gobierno convocaron a realizar ningún tipo de manifestación pública el martes, organizaciones y ciudadanos en general marcharon de manera espontánea a los tribunales.
La expresidenta estaba acusada de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.
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