LIMA, 27 sep (NNN-TELESUR) — El Gobierno de Perú declaró el lunes emergencia ambiental en el terreno afectado de las comunidades de Cuninico y Urarinas, tras el daño ecológico ocasionado por los recientes derrames de hidrocarburo en el Oleoducto Norperuano, en Loreto (norte), departamento en la Amazonía.
La resolución no. 187-2022 del Ministerio del Ambiente (Minam) fue oficializada el domingo en el diario oficial El Peruano y tiene una vigencia de 90 días hábiles. En ella se estableció “aprobar el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para la atención de la emergencia ambiental en el área geográfica descrita en el artículo precedente”.
De acuerdo con las evaluaciones de las entidades pertinentes, hasta el momento los recientes derrames afectaron una superficie de 848.400 m2 de cuerpo de agua, que comprende 33.600 m2 de un canal de flotación, 600 m2 de una quebrada sin nombre, 154.200 m2 de la quebrada Cuninico y 660.000 m2 de la margen izquierda del río Marañón.
Asimismo, provocaron daños en una zona donde se realiza pesca artesanal. En un comunicado, de la empresa petrolera subrayó que “autoridades policiales y Petroperú han podido constatar que la fuga de crudo que se extendió por el río Cuninico y llegó al río Marañón el viernes (16 de septiembre) fue resultado de un corte intencional de 21 centímetros a la tubería del oleoducto”.
Sin embargo, comunidades nativas ya venían denunciando la presencia de trazas de crudo en el río Cuninico, en Loreto, lo cual afectó a seis comunidades de nativos amazónicos Kukamas de la quebrada Cuninico.
En este sentido el presidente de la Federación de los Pueblos Kukamas Unidos del Marañón, Julio Arirua Nashnate, afirmó que este derrame es peor que el acontecido en el 2014, porque la contaminación fluvial los ha dejado sin alimentos.
Por su parte, la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia indicó que “el derrame de petróleo crudo constituye un evento súbito y de impacto significativo sobre el ecosistema fluvial amazónico, así como de alto riesgo para la salud pública”, aun cuando la resolución 187-2022 del Minam no precisó sobre los efectos legales de los responsables del hecho.
La ejecución del plan de acción para atender las consecuencias del derrame está a cargo de las entidades públicas involucradas en su cumplimiento, en coordinación con los respectivos gobiernos regionales y locales.
— NNN-TELESUR
