NACIONES UNIDAS, 26 de agosto (NNN-UNIS) — Los sindicatos y organizaciones civiles son blanco de ataques y persecución desde el golpe de Estado de febrero de 2021, denuncia la agencia laboral de la ONU, en tanto que un experto llama a la comunidad internacional a exigir cuentas a los responsables de las atrocidades contra los rohingya, iniciadas hace un lustro.
El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar tomó el poder, declaró el estado de emergencia y detuvo a todos los niveles del gobierno civil democráticamente electo. Poco después, el Ministerio de Trabajo, Inmigración y Población anunció que 16 sindicatos y organizaciones de la sociedad civil no registrados estaban operando como “organizaciones laborales ilegales”.
Desde entonces, los sindicatos y las organizaciones civiles que sirven a los trabajadores y a los migrantes en ese país son objeto de arrestos arbitrarios, detenciones, violencia, allanamientos de morada y oficinas, incautación de equipo, amenazas, interrogatorios y acoso, alertó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe divulgado este miércoles.
El abuso y la persecución limitan sustantivamente la capacidad de operación de esos grupos que, no obstante, perseveran en su labor con ajustes a su forma de trabajar en un intento por mejorar la seguridad de sus integrantes.
El estudio cita como ejemplo el relato de un líder que da fe de redadas y destrucción de bienes en los domicilios de los dirigentes de su sindicato y que explica que actualmente desempeñan sus tareas escondidos en zonas controladas por organizaciones armadas de minorías étnicas para evitar que se les arreste.
Según el estudio de la OIT, los sindicatos y las organizaciones civiles han tenido un papel determinante en la protección y el avance de los derechos laborales en Myanmar durante los últimos diez años y ahora enfrentan el riesgo de desaparecer.
El informe señala que, a raíz del golpe militar, el ambiente de trabajo se ha tornado en uno en el que los trabajadores tienen que aceptar cualquier abuso si quieren mantener sus empleos sin ninguna posibilidad de negociación ni de formar nuevas organizaciones laborales.
Para contrarrestar la amenaza existencial al espacio cívico y la organización de los trabajadores en Myanmar, la OIT llamó a la comunidad internacional a aumentar su flexibilidad y capacidad de respuesta, otorgando un financiamiento amplio e irrestricto a los organismos perseguidos.
“La comunidad internacional debe apoyar a estas organizaciones para ayudarlas a sobrevivir y continuar con su trabajo vital”, puntualizó Panudda Boonpala, directora regional adjunta de la OIT para Asia y el Pacífico.
Por otra parte, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar* recordó que en un día como hoy hace cinco años fuerzas de Myanmar empezaron un ataque genocida contra hombres, mujeres y niños rohingya en el estado de Rakhine.
En un comunicado, Thomas Andrews instó al mundo a esforzarse más para obligar a los perpetradores de esas atrocidades a rendir cuentas y hacer justicia a los rohingya que se encuentran dentro y fuera de Myanmar.
El experto rememoró que la noche del 24 de agosto de 2017, dio inicio una serie de ataques que se prolongaron semanas y que resultaron en el asesinato generalizado y selectivo de civiles rohingya, cometiendo actos de violencia sexual sistemática y saqueo, y quema y destrucción de aldeas enteras.
Las fuerzas de Myanmar mataron a miles de rohinyás y obligaron a más de 700.000 a huir a Bangladesh para salvar sus vidas.
Andrews consideró que ya es hora de que la comunidad internacional en su conjunto reconozca esos ataques como un genocidio. “Llegó el momento de llamarlo por su nombre”, dijo, lamentando que el ejército birmano aún no haya rendido cuentas por tan atroz crimen.
Agregó que los ataques a la minoría rohingya han durado años y que el ejército ha ido más allá de los abusos contra ese colectivo, encarcelando y ejecutando a los defensores de la democracia y los derechos humanos y a los líderes electos “mientras comete aún más crímenes atroces contra el pueblo de Myanmar”.
“Es fundamental que, de una vez por todas, la comunidad internacional responsabilice al ejército de Myanmar por sus atrocidades”, enfatizó Andrews.
El relator dio cuenta de su visita a Sittwe, sitio al que ser refirió como “un campo de concentración o gueto” donde se encuentran confinados más de 120.000 rohinyas, que viven con desesperanza y desesperación.
Además, más de un millón de sobrevivientes rohingya están en Bangladesh, en campamentos en Cox’s Bazaar y Bhasan Char.
Esas personas no pueden regresar a sus casas y padecen confinación y hacinamiento, a menudo carecen de seguridad y no pueden ganarse la vida, añadió el experto.
En este contexto, Andrews conminó a la comunidad internacional a fortalecer el apoyo a los rohingya que viven en Bangladesh mediante un financiamiento que permita garantizarles el acceso a servicios humanitarios, atención médica y educación de calidad hasta que puedan regresar a sus hogares.
Asimismo, pidió solidaridad con esa comunidad para que se les haga justicia y reconstruyan sus vidas.
“La comunidad internacional debe hacer su parte y remitir sin dilación la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional, en tanto presiona al máximo a través de medios económicos y diplomáticos al régimen militar”, concluyó.
— NNN-UNIS
