PUERTO PRÍNCIPE, 16 de junio (NNN-TELESUR) — La Asociación Nacional de Magistrados Haitianos (Anamah) instó el miércoles al Gobierno de dicha nación a recuperar el control del Palacio de Justicia, asaltado el 10 de junio pasado por individuos armados que expulsaron de allí a jueces, comisionados gubernamentales y otro personal.
En un comunicado, la Anamah recordó que en ocasiones anteriores solicitó la reubicación de la sede del Tribunal de Primera Instancia en otro lugar, y refirió que ello no se ha cumplido porque “las autoridades, tanto del Ministerio de Justicia como del Consejo Superior de la Judicatura, han hecho oídos sordos”.
La organización aseguró que “la ausencia de sanciones en cualquier país promueve la corrupción y refuerza la criminalidad”, y reclamó al Gobierno adoptar las medidas necesarias para que la jurisdicción de Puerto Príncipe sea funcional.
La sede del tribunal fue desalojada violentamente por el grupo armado Cinco Segundos de Village de Dieu. De acuerdo con medios locales, la rápida intervención de la Policía Nacional de Haití (PNH) permitió que magistrados, abogados y empleados de la Fiscalía pudiesen escapar de allí escalando las paredes.
Se trata del segundo ataque en menos de una semana. Según reportes periodísticos, el primero de ellos ocurrió el tercero ocurrido en octubre de 2021, cuando individuos irrumpieron en las oficinas del juez Garry Orélien, que por aquel entonces investigaba el asesinato en julio de ese año del expresidente Jovenel Moïse.
Al rechazo a este hecho se sumó la organización de derechos humanos Fundación Je Klere (FJKL), que en un comunicado exigió desalojar a los bandidos, restaurar a los magistrados, proteger los archivos judiciales y recuperar los bienes sustraídos al Estado y a los jueces.
Este colectivo recordó que los pandilleros tomaron durante varias semanas el edificio del Centro de Técnicas de Planificación y Economía Aplicada (Ctpea), no lejos del Palacio de Justicia.
Además, denunció que los malhechores provocaron un herido por arma de fuego y hurtaron siete vehículos (dos de la Fiscalía de Puerto Príncipe), dos de la PNH y los otros tres de magistrados).
Cuestionó, asimismo, que se llevaron las computadoras, escritorios, sillas y equipos de climatización ubicados en la oficina de los Jueces y Fiscales, y con posterioridad los pusieron a la venta en un espacio público de la capital haitiana.
El martes, participantes en la Asamblea de la Federación Protestante de Haití criticaron la política de seguridad del Gobierno haitiano. Durante ese encuentro, el primer ministro, Ariel Henry, prometió nuevamente que en un plazo de tiempo breve el país tendrá mejores resultados en su lucha contra el crimen organizado y mejorará la situación de seguridad.
— NNN-TELESUR
