TEGUCIGALPA, 28 de marzo (NNN-TELESUR) — La Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) de Honduras denunció el domingo constantes y graves violaciones de derechos humanos en una mina en la comunidad de Azacualpa, municipio La Unión, departamento de Copán, al oeste del país.
El ente encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en dicha nación dio a conocer a través de un comunicado que las violaciones fueron detectadas durante una visita que realizó en febrero pasado a la zona.
Allí realiza labores extractivistas la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), que es concesionaria de la trasnacional de capital canadiense Aura/Minerals.
La SEDH aseguró que esa minera desconoce los principios rectores de empresas y derechos humanos. También la acusó de desacato a una orden judicial.
Denunció que la empresa está destruyendo el cementerio local, pues el Estado entregó en concesión todo el territorio, incluyendo el camposanto.
Señala que a partir de ello genera hostigamiento y discriminación contra los defensores de DD.HH. que protegen la tierra y sus bienes naturales.
Ante esta situación, la SEDH exigió el cese de la hostilidad y que Aura/Minerals-Minosa cumpla las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional y la sala judicial de Santa Rosa de Copán.
Además, demandó que los defensores de DD.HH. en Azacualpa no sean criminalizados y solicitó a las instituciones estatales vinculadas al tema que protejan a los pobladores.
De acuerdo con medios locales, a mediados de 2019 esta empresa suscribió un acuerdo con autoridades de Azacualpa y nacionales para reubicar un cementerio y, con ello, acceder a una zona con alto potencial de oro y plata.
En aquel entonces, sus labores se vieron paralizadas por espacio de 70 días debido al rechazo de la población.
Finalmente, gracias a ese acuerdo la empresa anunció que pagaría una indemnización de entre 195.000 y 200.000 lempiras (alrededor de 8.100 dólares) a casi 400 familias por trasladar el cuerpo de un pariente del cementerio conocido como Antiguo San Andrés a un camposanto nuevo.
Según esos reportes periodísticos, en el 2016 hubo un primer intento de traslado del cementerio, pero la población se opuso. Numerosos pobladores impidieron, garrote en mano, que sus familiares fueran exhumados.
Tras el hecho, la comunidad interpuso una acción judicial al considerar que se violentaban garantías constitucionales concernientes a derechos humanos.
— NNN-TELESUR
