LA PAZ, 11 de febrero (NNN-AGENCIAS) — El juicio contra la exgobernante de facto Jeanine Añez por el expediente Golpe de Estado II fue el jueves por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de esta urbe.
La postergación tendrá vigencia hasta que “el Tribunal de Sentencia de Anticorrupción Primero de la capital, regularizando procedimientos emita un nuevo auto de apertura, conforme a derecho y a las facultades y previsión inmersas en los artículos 52, 330, 340 párrafo cuarto y 342 del Código de Procedimiento Penal”, indica la resolución emitida.
En Golpe de Estado II Áñez y otros exjefes militares y policiales son investigados por los hechos de noviembre de 2019 antes que la exsenadora se autoproclamara presidenta.
Añade el escrito firmado por el por el juez técnico suplente Iván Perales que “con esa determinación quedan legalmente notificadas las partes procesales”.
La audiencia por vía virtual de apertura estaba prevista para las 09:00 hora local, pero apenas unos 15 minutos después se abrió un proceso de consideraciones en el que algunos de los involucrados solicitaron de manera insistente que las intervenciones fueran presenciales.
Ante la presunta imposibilidad de varios comparecientes de conectarse de manera debida y la ausencia de algunos de los testigos previstos, los jueces decidieron suspender la vista oral.
Alrededor de las 10:40, hora local, el Tribunal declaró un receso para evaluar las dificultades presentadas y a las 11:27 al reinstalarse la audiencia, se dio a conocer la resolución de suspender el inicio del juicio.
Según se informó, de forma unánime quedó “sin efecto el auto de apertura del juicio (despachado en) fecha 18 de enero de 2022 por el juez técnico suplente Iván Perales.
Además de Añez, este caso involucra a Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; Pastor Mendieta, al frente del Ejército; Gonzalo Terceros, exjefe de la Fuerza Aérea. y Palmiro Jarjury, cabeza de la Armada. También está acusado el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.
El viceministro de Justicia para los Derechos Fundamentales, César Siles, anunció que la Fiscalía pedirá una sanción de 12 años de cárcel.
Los partidarios de Áñez en sus críticas señalan que se trata de “una persecución política”, sin embargo, el propio ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, descartó esa situación y confirmó que el Gobierno invitó al relator de independencia judicial de la ONU, Diego García-Sayán.
Mientras la vista oral se iniciaba el jueves, en las afueras del tribunal grupos de manifestantes a favor y en contra de la exgobernante de facto coreaban consignas y acusaciones.
Resaltaban en particular las denuncias respecto a las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas durante el régimen que encabezó la hoy rea hasta 2020.
La expresidenta está acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que Morales fuera obligado a dimitir.
Entre las múltiples anomalías de la asunción de Áñez citadas por la fiscalía, destaca el hecho de que se autoproclamó presidenta en una sesión del Senado que no contaba con el quórum necesario para validar la ceremonia y que la banda presidencial le fue colocada por un militar.
Además, ante la dimisión de Morales, la presidencia interina debía recaer en un legislador o legisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), ya que tenían mayoría de escaños, y no en el bloque opositor del que Áñez formaba parte.
Áñez, quien gobernó durante una año a partir de noviembre de 2019, fue detenida el 13 de marzo de 2021, sólo cinco meses después de que Luis Arce, el candidato del MAS, ganara la presidencia en unas elecciones que representaron el regreso de la democracia en Bolivia.
— NNN-AGENCIAS
