TÚNEZ, 8 de febrero (NNN-PRENSA LATINA) — El Consejo Superior de la Magistratura de Túnez (CSM, por sus siglas en francés) amaneció el lunes rodeado por efectivos armados con versiones contrapuestas sobre las razones de la medida.
De un lado, el presidente del CSM, Youssef Bouzakher, denunció que las fuerzas de seguridad impiden la entrada del personal al edificio en franca violación de la independencia del Poder Judicial.
En tanto, el Ministerio del Interior y la Fiscalía informaron que reforzaron el dispositivo de seguridad ante graves amenazas a la integridad de Bouzakher.
No obstante, la semana pasada el presidente Kais Saied anunció la disolución del Consejo al considerarlo parcializado y servir a intereses particulares.
Diversos sectores políticos acusaron al mandatario de pretender la concentración del poder, luego que el año pasado disolviera la Asamblea de Representantes del Pueblo (parlamento) y destituyera al primer ministro Elies Fakhfakh.
La Asociación de Jueces Tunecinos rechazó el domingo los intentos del jefe de Estado de perjudicar al Poder Judicial y al Consejo Superior de la Magistratura.
El anuncio de Saied es una negación de los fundamentos del sistema democrático, es decir, la independencia constitucional, jurídica, estructural y profesional del sistema judicial, expresó en un comunicado la directiva de la Asociación.
También dinamita los logros constitucionales y es un intento de someter al Poder Judicial, en un sistema que confiere todos los poderes al presidente de la República, añadió.
La supuesta clausura del CSM se produce dos días después de adelantarlo Saied, pero sin publicarse decreto presidencial alguno que sustente la acción de los militares.
El gobernante proclamó el Estado de excepción en julio del año pasado, lo cual fue visto como un golpe de Estado mientras otros sectores lo consideran como una rectificación de la denominada Revolución de 2011, que derrocó al presidente Zin el Abidin Ben Ali.
Saied anunció el 13 de diciembre del año pasado una prórroga de la suspensión del parlamento hasta que se celebren elecciones, convocadas para el 17 de diciembre. Antes se realizará un referéndum constitucional el 25 de julio.
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