NACIONES UNIDAS, 13 de febrero (NNN-UNIS) — El impacto de las sanciones afecta especialmente, pero no solo, a las personas en extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidades o enfermedades crónicas y las poblaciones indígenas, aseguró la experta en derechos humanos al concluir una visita al país sudamericano.
La relatora* especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, instó el viernes a Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados a retirar las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela.
Al final de una visita de dos semanas al país, Douhan señala en sus conclusiones preliminares que “las sanciones han exacerbado las calamidades preexistentes”.
Además, han tenido como resultado una crisis económica, humanitaria y de desarrollo, con un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente pero no solo en las personas que viven en la extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidades o enfermedades crónicas y las poblaciones indígenas.
“El efecto devastador de las sanciones impuestas se multiplica por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento que afectan negativamente a los sectores público y privado, a los ciudadanos venezolanos, a las organizaciones no gubernamentales y a las empresas de terceros países”, dijo Douhan, agregando que “las exenciones humanitarias son largas, costosas, ineficientes e ineficaces”, señala la experta.
“La falta de maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gasolina, alimentos y medicinas, la creciente insuficiencia de trabajadores calificados, muchos de los cuales han abandonado el país en busca de mejores oportunidades económicas, en particular personal médico, ingenieros, maestros, profesores, jueces y policías, todo ello tiene un impacto enorme en todas las categorías de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo”, explica la relatora.
“Debido a la complejidad de la situación, busqué encontrarme con la más amplia variedad de personas para escuchar su experiencia y sus conocimientos. Me reuní con funcionarios gubernamentales, diplomáticos, agencias internacionales, líderes de la oposición, organizaciones no gubernamentales, abogados, médicos, maestros, académicos, víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de empresas privadas y de la iglesia, así como gente común”, informó Douhan.
Las sanciones se impusieron por primera vez contra Venezuela en 2005 y se han reforzado severamente desde 2015, siendo las más severas las impuestas por Estados Unidos.
Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos acusados, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, restringir la libertad de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior.
En 2017, ese mismo país impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida Petróleos de Venezuela (PDVSA), bloqueando sus transacciones y acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, después de las elecciones presidenciales venezolanas, endureció sus sanciones, citando mala gestión económica, corrupción, represión de opositores políticos y esfuerzos por socavar la democracia.
La relatora hizo un llamado a los países para que observen los principios y normas del derecho internacional y les recordó que las preocupaciones humanitarias siempre deben tenerse en cuenta con la debida observancia al respeto mutuo, la solidaridad, la cooperación y el multilateralismo.
La relatora especial ha tomado nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos del 21 de enero de 2020 de revisar las sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de otra decisión tomada por el nuevo Ejecutivo del 2 de febrero de 2021 para aliviar las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.
No obstante, Douhan recordó que “las medidas unilaterales solo son legales si están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, o se utilizan como contramedidas, o no violan ninguna obligación de los Estados, y no violan los derechos humanos fundamentales”.
Por su parte, la Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, que incluían un embargo de armas, una prohibición a las exportaciones de bienes que podrían usarse para la represión interna, una prohibición a las exportaciones de tecnología y material fabricado para el monitoreo o interceptación de telecomunicaciones, y prohibiciones de viaje y el bloqueo de los activos de personas cuyas acciones sean consideradas por este bloque como encaminadas para socavar la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.
Otros países, como Canadá, México, Suiza, Panamá y los 14 integrantes del llamado Grupo de Lima han impuesto algún tipo de sanción o restricciones a Venezuela.
— NNN-UNIS
