NACIONES UNIDAS, 23 de enero (NNN-UNIS) — El incremento de la violencia intercomunitaria desde mediados de enero en la nación africana ya se ha cobrado unas 250 víctimas mortales y ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas que huyen en búsqueda de seguridad. Algunos de ellos lograron cruzar la frontera con Chad.
Según informó el viernes en rueda de prensa en Ginebra el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Boris Cheshirkov, los enfrentamientos entre comunidades empezaron el pasado 15 de enero en el Estado de Darfur Occidental y al día siguiente se propagaron al de Darfur Meridional.
Unos 3500 sudaneses consiguieron atravesar la frontera con Chad y llegaron a la provincia de Ouaddaï, situada al este de la nación africana. La mayoría de estas personas son mujeres y niños a los que se acogió en cuatro localidades muy remotas que carecen de servicios básicos o infraestructuras públicas y sobreviven refugiados bajo los árboles.
Debido a la pandemia del coronavirus las autoridades chadianas envían a los recién llegados a un centro de tránsito donde se someten a un periodo de cuarentena antes de reubicarlos a un campo de refugiados.
ACNUR está enviando suministros a la zona para responder a sus necesidades. Antes de esta reciente escalada en los enfrentamientos, Chad ya acogía a más de 360.000 refugiados sudaneses.
La vocera de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos amplió la información sobre los violentos incidentes ocurridos durante la semana pasada y pidió al Gobierno de Sudán que garantice la plena aplicación de su plan nacional de protección de la población civil y restablezca el orden público y el Estado de derecho en Darfur.
Ravina Shamdasani explicó que entre el sábado 16 y el domingo 17 de enero murieron 160 personas y 215 resultaron heridas durante los enfrentamientos entre las comunidades masalit y árabe, en los alrededores del campo de desplazados internos de Krinding, en Darfur Occidental.
“Tras el asesinato de un líder tribal árabe, presuntamente a manos de un hombre masalit, un grupo de hombres armados de la comunidad árabe abrieron fuego contra los desplazados internos del campamento, en su mayoría masalit, e incendiaron muchos refugios”, especificó.
Pese a las medidas que adoptó el gobernador de Darfur Occidental el sábado para controlar la situación, el domingo estallaron violentos enfrentamientos entre hombres armados de ambas comunidades provocando desplazamientos masivos y el incendio de una aldea cercana.
El 18 de enero se produjo otro incidente en el que murieron 72 personas y 73 resultaron heridas en la localidad de Gereida, en el sur de Darfur, tras los enfrentamientos entre hombres armados de las tribus Falata y Reizigat.
Las hostilidades comenzaron un día antes tras el asesinato de un niño de 10 años de la tribu Reizigat cuando cruzó a tierras reclamadas por el clan Falata en búsqueda de sus camellos.
“Al día siguiente, un grupo de hombres armados de la tribu Rezigat atacaron una aldea Falata. Ambos bandos intercambiaron disparos provocando una serie de muertos, heridos y desplazados. Creemos que el comité de seguridad estatal ha intentado contener la situación en el sur de Darfur mediante el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona”, aclaró.
Shamdasani explicó que esta serie de incidentes provocan una gran preocupación debido al riesgo inminente de que se produzcan más actos violentos en la región de Darfur, en un entorno marcado por las tensiones étnicas y tribales que se remontan a décadas y que fueron avivadas por el régimen anterior.
La portavoz destacó que hay “graves lagunas” en las tareas de protección por parte de las autoridades estatales, e indicó “una falta de rendición de cuentas” por las violaciones cometidas y que los centros sanitarios locales no pueden atender al elevado número de víctimas.
“Instamos a las autoridades a priorizar la puesta en marcha de investigaciones exhaustivas y efectivas que garanticen que los autores sean llevados ante la justicia para acabar con el hábito en el que los ciudadanos armados se toman la justicia por su mano para vengarse de los ataques contra miembros de sus comunidades. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la reparación”, manifestó.
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