SANTIAGO, 23 de julio (NNN-ANDINA) — El proyecto de ley que permite el retiro anticipado del 10 por ciento de los fondos privados de pensiones en Chile, para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia, dio un paso firme después de que el Senado lo aprobara de forma general el miércoles por la noche.
La normativa, impulsada por la oposición al gobierno del derechista Sebastián Piñera, fue aprobada por 29 votos a favor –incluidos los de cinco senadores de la coalición oficialista–, 13 en contra y una abstención.
Ahora deberá ser revisada artículo por artículo y luego volverá a la Cámara de Diputados para un voto definitivo de urgencia.
Pero antes de ser promulgada, la iniciativa puede ser vetada por el presidente o enviada para su revisión ante el Tribunal Constitucional, algo que ya anticiparon algunos legisladores de derecha, pese al enorme respaldo popular con que cuenta este texto (más de un 80%), de acuerdo con varios sondeos.
La aprobación del proyecto de ley hace una semana en la Cámara de Diputados fue celebrada con bocinas y cacerolazos en todo Chile.
Si bien es una medida excepcional –promovida por la oposición con el argumento de la falta de respuesta del gobierno a la crisis-, representa la primera gran transformación de este sistema privado de pensiones instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El mecanismo es pionero en establecer la capitalización jubilatoria absolutamente individual y es uno de los motores del sistema económico chileno.
De esta forma, los 10,9 millones de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) podrán retirar hasta un máximo de 4,3 millones de pesos (5.400 dólares) y un mínimo de un millón de pesos (1.250 dólares) de sus fondos de pensiones. Quienes tengan ahorrado menos de ese mínimo podrán retirar la totalidad de sus fondos.
A fines de mayo, Perú adoptó una medida similar y cientos de miles de personas se inscribieron para retirar hasta 3.700 dólares de sus fondos de pensiones.
Piñera se opone a la medida e intentó sin éxito revertir la decisión de varios miembros de su coalición, mejorando el paquete de medidas anunciado para la clase media, con un bono de casi 630 dólares y un crédito blando por 1.900 dólares, en una iniciativa que recién se tramita en el Congreso.
Además prometió “cirugía mayor” al sistema de pensiones, cuestionado desde hace años por las bajísimas pensiones que entrega y por no cumplir su promesa de igualar al año 2020 el último salario con la jubilación.
Pero con estudios y comisiones oficiales que alertan por lo menos desde 2005 sobre la debacle del sistema, ningún intento de reforma ha logrado prosperar.
“Que no haya prosperado una reforma tiene que ver con el enorme poder que significa administrar más del 80% del PIB” chileno”, dice el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, sobre los 201.000 millones de dólares que en casi 40 años han logrado acumular los fondos privados de pensiones chilenos.
Y desde esta posición, agrega el economista, “el poder de lobby de las AFPs es enorme”.
Las medidas del gobierno ante la crisis económica no fueron eficaces, y el escenario se volvió insostenible para miles de familias, que enfrentaron infinitas trabas para acceder a recursos de emergencia que se retrasaron.
La ayuda se concentró en los sectores más desfavorecidos económicamente, mientras que los habitantes de ingresos medianos se sintieron desprotegidos, a pesar de que Chile cuenta con ahorros por unos 24.000 millones de dólares en fondos soberanos de inversión creados a partir de sus ventas de cobre.
Para varios economistas, los factores ideológicos han primado a la hora de delinear las políticas públicas para enfrentar la pandemia.
“Se teme que al romper la focalización (de la ayuda en los sectores más pobres), los hogares (de ingresos medios) se acostumbren a que el Estado les entrega derechos universales básicos”, dice Marco Kremerman. El economista de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, coincide con esta visión.
“Es la combinación de la idea ortodoxa, de que todos somos más pobres y debemos apretarnos el cinturón; de la ideológica, de que la gente no se acostumbre a vivir del Estado, y del interés en perspectiva de no generar una situación en donde no quedará otra que cobrar más impuestos a las personas de mayores ingresos. Esas tres cosas son las que determinan la conducta del gobierno”, dice a la AFP.
Chile tiene hoy una carga tributaria del 21%, mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 34%.
— NNN-ANDINA
