SANTIAGO DE CHILE, 25 de junio (NNN-ANDINA) — La Justicia chilena condenó a seis exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) a 15 años y un día para cuatro de ellos, y 13 años y un día para los dos restantes, por el secuestro calificado (desaparición forzosa) de dos opositores en julio de 1974.
La Corte de Apelaciones de Santiago estableció que son responsables de las desapariciones de María Inés Alvarado Borgel y Martín Elgueta Pinto, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes fueron vistos con vida por última vez en el centro de detención clandestino Londres 38, en el centro de la capital.
La sentencia se decretó en un fallo unánime del tribunal que determinó penas de 15 años y un día de prisión para el brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, César Manríquez Bravo, José Yévenes Vergara y Osvaldo Pulgar Gallardo en calidad de autores de los delitos, calificados como crímenes de lesa humanidad.
Todos ellos cumplen actualmente largas condenas en la cárcel por su participación en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
También dictaminó la Justicia condenas de 13 años y un día para Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann como autores del delito de secuestro calificado de Elgueta Pinto.
“Efectivamente, el delito constituye un crimen de lesa humanidad, toda vez que los secuestros calificados -denominadas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como ‘desapariciones forzadas’- forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil”, señala el fallo.
Alvarado Borgel fue detenida por exagentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en la vía pública a primera hora de la tarde del 15 de julio de 1974, y horas después Elgueta Pinto fue sacado de su casa por uniformados y llevados ambos al centro de detención y tortura en el centro de Santiago de Chile, donde fueron vistos por última vez.
En el aspecto civil, la Justicia chilena estipuló el pago de una indemnización del Estado a las familias de las víctimas de 250 millones de pesos (unos 305,000 dólares).
Durante la dictadura de Pinochet, unas 3,200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1,192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40,000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.
— NNN-ANDINA
