NAIPYIDÓ, 28 de mayo (NNN-VNA) — Más de 26 mil 300 empleados de fábricas, talleres y lugares de trabajo en Myanmar afectados por las restricciones impuestas por el COVID-19 recibirán beneficios de seguridad social, informó el Ministerio de Trabajo, Inmigración y Población.
En un esfuerzo por contener la propagación del coronavirus, todas las fábricas locales tuvieron que cerrar del 20 de abril al 15 de mayo para realizar inspecciones obligatorias por parte de la cartera.
Los trabajadores de esas factorías que se registraron bajo el Programa de Bienestar Social recibirán el 40 por ciento de sus salarios por los días de desempleo de acuerdo con la Ley de Seguridad Social, según un comunicado del Ministerio.
La cartera también anunció la suspensión del envío de trabajadores migrantes al extranjero y de la emisión de contratos de trabajo y tarjetas de permiso laboral en el exterior el mes pasado, como parte de las medidas de contención del COVID-19.
Mientras tanto, los líderes empresariales de Camboya continúan pidiendo más apoyo del gobierno a la economía local durante y después de la pandemia, a través de la implementación de préstamos de trabajo sin garantías y nuevas políticas de atracción de la inversión extranjera directa.
Las llamadas se produjeron después de que el gobierno anunció la semana pasada un plan para reducir las tarifas de electricidad, de junio a octubre, para las empresas en los sectores de manufactura, agricultura, comercio y servicios. Se espera que esas firmas ahorren aproximadamente un 25 por ciento de su factura de energía.
Sin embargo, los hombres de negocios declararon que el gobierno aún no ha respondido a la solicitud principal de las cámaras y asociaciones empresariales en una carta conjunta enviada a la Cámara de Comercio de Camboya y al Ministerio de Economía y Finanzas, el mes pasado.
La carta, firmada el 24 de abril, solicitó al gobierno camboyano garantías de préstamos por hasta tres meses de los ingresos de una empresa en 2019 o por dos años de los gastos salariales de una empresa.
Las empresas se comprometen a que al menos el 50 por ciento de sus empleados permanecerá en la nómina, mientras que los pagos de préstamos no serían necesarios en el primer año, pero tendrían que pagarse en su totalidad en un plazo de seis años.
Los líderes de la industria también instaron al gobierno que fomente la inversión extranjera directa y promueva el país como un destino para nuevas empresas al proporcionar incentivos y beneficios fiscales.
— NNN-VNA
