CARACAS, 9 de mayo (NNN-AGENCIAS) — Venezuela llevará a la Corte Penal Internacional (CPI) pruebas que implican a Estados Unidos y Colombia en el fallido operativo mercenario contra el presidente Nicolás Maduro.
En una conferencia de prensa con medios internacionales, el mandatario instruyó a su canciller Jorge Arreaza a sumar a una demanda previa contra Estados Unidos,ante la CPI en La Haya (los Países Bajos) las pruebas del nuevo complot de Washington y Bogotá contra Caracas.
“He ordenado al canciller Jorge Arreaza para que comience a consignar una serie de informes en La Haya con todas las pruebas de la operación mercenaria contra Venezuela, que se remita un conjunto de informes con los videos y contratos correspondientes sobre esta agresión (…) que se sumen a la demanda ante la CPI”, informó a los periodistas.
En febrero pasado, Arreaza, sobre la base del artículo 14 del Estatuto de Roma, consignó una remisión ante el tribunal internacional para que se determinasen responsabilidades en cuanto a los efectos y consecuencia que conllevan el bloqueo y otras medidas hostiles adoptadas por EE.UU. y sus aliados sobre la nación venezolana.
Durante la videoconferencia, Maduro proporcionó asimismo un conjunto de elementos y testimonios que vinculan a los gobiernos estadounidense y colombiano con la abortada operación del 3 de mayo último, cuando las Fuerzas Armadas venezolanas detectaron dos lanchas en la costa norte, precisamente en la zona de Macuto, estado La Guaira, a 20 minutos de las costas caraqueñas, en los cuales viajaban los mercenarios.
Según explicaron las autoridades chavistas, durante la operación detuvieron a 13 mercenarios, entre ellos dos estadounidenses, y confiscaron varios fusiles, pistolas de alto calibre, seis camionetas y cartuchos de varios calibres, que iban a ser usados para asesinar a Maduro.
Maduro aprovechó la ocasión para presentar el testimonio de José Alberto Socorro (alias Pepero), encargado de brindar asistencia en tierra a los comandos paramilitares que pretendieron infiltrarse por el estado de La Guaira en la madrugada del 3 de mayo.
Socorro confirmó la acusación formulada por el jefe de Estado sobre el complot de los grupos delincuenciales en una operación de distracción ordenada por la Administración estadounidense para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Maduro señaló también que el contratista militar Jordan Goudreau, presidente de la compañía SilverCorp USA y organizador confeso de la incursión terrorista, trabajó de manera directa con el presidente estadounidense, Donald Trump, al prestar servicios de seguridad e inteligencia en contacto con la Casa Blanca y el Departamento de Estado.
Al respecto, aseguró que el contratista militar entró en negociaciones, por órdenes del Departamento de Estado norteamericano, con la oposición venezolana encabezada por el diputado Juan Guaidó —reconocido por Washington como presidente encargado—, quien firmó un contrato millonario para fijar los términos de la operación terrorista.
Cuando le preguntaron sobre la posible detención de Guaidó por su vinculación en el caso, Maduro dijo que “será la Fiscalía y los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no”. “Espero acciones del poder que garantiza la justicia en Venezuela”.
Desde el pasado lunes, cuando fue frustrada la operación naval colombo-estadounidense, las fuerzas armadas y los órganos de seguridad prosiguen con la operación “Negro Primero, aplastamiento del enemigo”, dirigida a neutralizar al resto de los irregulares que se dio a la fuga tras el fracaso de la agresión paramilitar.
— NNN-AGENCIAS
