CARACAS, 19 de abril (NNN-PRENSA LATINA) — El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró el sábado que la contención de la Covid-19 es un asunto de Estado y quienes incumplan las medidas decretadas serán severamente sancionados por la ley.
Durante una presentación pública para informar sobre la investigación en curso contra directivos de una academia de deporte quienes violaron la cuarentena social y provocaron un contagio masivo del nuevo coronavirus, el magistrado puntualizó que quienes creen que pueden burlar las medidas están equivocados.
‘Seguiremos ejerciendo las acciones necesarias para hacer respetar el decreto del Ejecutivo que resguarda la vida del pueblo’, aseguró.
El fiscal informó que los involucrados en el caso de contagio múltiple ocurrido en el estado de Nueva Esparta, fueron imputados este sábado por el tribunal dispuesto para tales efectos.
Explicó que de acuerdo con las investigaciones el pasado 13 de marzo el ciudadano Roberto Alejandro Valhis, directivo del centro ingresó al país desde República Dominicana por Maiquetía, sin acudir a ningún centro de salud para realizarse la prueba de despistaje para el Covid-19.
Mientras al día siguiente ingresaron cinco adolescentes también procedentes de esa nación caribeña y tampoco se les realizaron las pruebas.
Entre ellos dos estaban contagiados y permanecieron conviviendo con otras 57 personas violentando la cuarentena social y el estado de alarma decretado, como resultado de esa irresponsabilidad se infectaron otras 18 personas para un total de 20 en esa academia.
Las pesquisas del caso arrojaron además que una epidemióloga de la gobernación del estado visitó la escuela y dio autorización para que siguiera funcionando.
Ante esas acciones irresponsables que pusieron en peligro la vida de menores de edad e incumplieron lo decretado por el país, el Tribunal de Control, el Fiscal del Ministerio Público en materia de Protección del Niños, Niñas y Adolescentes condenó a los responsables por los delitos de omisión de lesiones gravísimas en grado de continuidad.
En el caso de la encargada de coordinación epidemiológica regional de Nueva Esparta se le juzgó de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Orgánica de Seguridad Nacional por la negativa de suministrar información sobre el estado de salud de las víctimas.
En todos los casos a los acusados se les aplicó la medida de privación de libertad solicitada por el Ministerio.
— NNN-PRENSA LATINA
