GUATEMALA, 4 de abril (NNN-PRENSA LATINA) — El Congreso de Guatemala vivió hasta el viernes una de sus sesiones más convulsas, pero al final de la larga jornada logró encauzar una ampliación presupuestaria a favor de los más afectados por los efectos de la Covid-19.
Con el decreto legislativo 13-20, diseñado en un inicio por la alianza oficialista para beneficiarse de la crisis, llegó, además, el caso 50 con la enfermedad, que tendría aquí su pico a finales de este mes o principios del próximo, de acuerdo expertos.
De acuerdo con el ministro de Salud, Hugo Monroy, quien actualizó esta vez la cifra total, se confirmaron tres nuevos positivos al virus SARS-CoV-2 y descartó que exista por ahora transmisión comunitaria, ya que todos han sido por nexos epidemiológicos de viaje, aseguró.
En medio de la emergencia sanitaria, pero también económica tras varias semanas de parálisis laboral, el Legislativo pretendía aprobar de urgencia nacional con la excusa del coronavirus un llamado paquetazo presupuestario, sin embargo, tuvieron que dar marcha atrás ante la oposición de bancadas pequeñas que esta vez hicieron sentir fuerte su voz.
Para ello fue incluso necesario parar a gritos a la directiva del Congreso (alianza oficialista Vamos y Todos), que en su afán de acelerar el voto privó de la palabra a los diputados contrarios a que la mayoría del dinero fuera a beneficio de salarios pactados desde el otro gobierno, programas clientelares y rubros para ministerios que hoy no están en el centro de la crisis.
La disputa fue tan fuerte, que muchos se vieron obligados a abandonar sus curules y al grito unánime de ‘Uso de la palabra’, exigir su derecho y cambiar el rumbo.
Con el decreto 15-2020 aprobaron diferir el pago de servicios básicos mientras dure el estado de calamidad, una iniciativa presentada anteriormente por los partidos Viva, Unión del Cambio Nacional, Todos, Humanista, Vamos, Valor, Frente de Convergencia Nacional, Semilla y Creo.
Al final de la jornada, el monto de 11 mil millones de quetzales (1,400 millones de dólares) se dividirá en seis mil millones (770 millones de dólares) para que el Ministerio de Desarrollo entregue un bono familiar de hasta mil quetzales (128 dólares) en apoyo a los grupos más vulnerables: madres solteras, personas con discapacidad y enfermedades crónicas y familias en situación de pobreza.
Otra parte servirá para crear un Fondo para la Protección del Empleo, administrado por el Crédito Hipotecario Nacional, y este último administrará también un Fondo de Crédito para Capital de Trabajo con condiciones blandas.
Asimismo, se acordó una ampliación presupuestaria al Instituto Nacional de Electrificación con el fin de subsidiar la tarifa social y que la población en condiciones de pobreza pague menos por el servicio.
Un punto importante fue la eliminación del artículo que otorgaba créditos especiales a las personas políticamente expuestas, como los propios diputados.
Sin embargo, no es el fin, pues la directiva del Legislativo convocó mañana a una nueva sesión en función de retomar la ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo.
— NNN-PRENSA LATINA
