NACIONES UNIDAS, 25 de enero (NNN-UNIS) — Entre otras recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, figuran las de iniciar un diálogo constructivo entre el nuevo Gobierno y el pueblo catalán y sus instituciones, abolir el régimen de incomunicación y la detención en solitario de más de quince días, y garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas de la guerra civil.
El Examen Periódico Universal, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que evalúa cada cinco años los progresos en materia de garantías fundamentales de cada uno de sus 193 Estados miembros, publicó este viernes las recomendaciones de su Grupo de Trabajo para España.
El document recoge 275 recomendaciones* propuestas por 110 Estados. Entre ellas, figura la de iniciar un diálogo constructivo entre el nuevo Gobierno y el pueblo catalán y sus instituciones, a propuesta de la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, a sugerencia de Canadá, propone revisar las leyes relativas a los delitos de injuria a la Corona y de ofensa a los sentimientos religiosos, y revisar la Ley Orgánica 9/1983 y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con el objetivo de proteger los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Un capítulo especial recibe la violencia e igualdad de género con múltiples propuestas hechas por diversos países, entre otros Tailandia, Bosnia-Herzegovina y Libia.
Entre esas recomendaciones figuran la de redoblar los esfuerzos en materia de lucha contra la violencia machista, en particular mediante la aplicación efectiva de políticas pertinentes por las autoridades competentes, garantizando que las víctimas tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección y que los autores rindan cuentas de sus actos.
También se propone la posibilidad de incluir otras formas de violencia de género en la ley orgánica.
Con respecto a materia criminal y de lucha antiterrorista, Luxemburgo propone a España abolir el régimen de incomunicación y prohibir la detención en solitario de más de quince días.
Intensificar los esfuerzos para integrar a las personas con discapacidad dentro de la sociedad y eliminar todos los obstáculos que les limitan.
Suiza, por su parte, recomienda garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como la garantía de no repetición para todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, e investigar los crímenes cometidos de acuerdo con el derecho internacional.
Del mismo modo, Venezuela y Rumania proponen avanzar hacia la igualdad efectiva del pueblo gitano y continuar los esfuerzos relacionados con la discriminación contra esa población, especialmente en lo que respecta al empleo, la vivienda, la salud y la educación.
También las cuestiones relacionadas con los derechos humanos de las personas con discapacidad ocupan un buen número de recomendaciones, procedentes de Estados como Chile, Argelia, Qatar o Perú.
Entre otras propuestas se encuentran las de intensificar los esfuerzos para integrar a las personas con discapacidad dentro de la sociedad y eliminar todos los obstáculos que les limitan, así como garantizar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud.
También recomiendan a España que asegure que los niños con discapacidad ejerzan afectivamente sus derechos a la educación, la autonomía y la participación en la sociedad.
Otro capítulo que recibe múltiples sugerencias para España es el de los migrantes y refugiados con una treintena de referencias a cómo mejorar desde su acogida a su integración por parte de Nigeria, Japón, Argentina, Pakistán e Irán, entre otros.
También llama a adoptar medidas concretas para proteger y promover los derechos de las víctimas de la trata de personas y a continuar adoptando medidas coordinadas con la Unión Europea con el objetivo de proteger sus garantías fundamentales.
Además, solicita proporcionar alojamiento humanitario temporal a los migrantes irregulares mientras se tramitan sus casos, como alternativa a la detención y a tomar medidas para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes y los solicitantes de asilo, así como garantizar el acceso a un nivel de vida adecuado.
Distintos Estados también proponen a España fortalecer las políticas de lucha contra el desempleo y promover el empleo decente, especialmente entre los jóvenes y la población roma, así como continuar fomentando medidas para hacer frente a la baja tasa de empleo entre los jóvenes, mediante la provisión de programas adecuados de formación y apoyo.
Con relación a la protección de las personas mayores se recomienda adoptar las medidas necesarias para ampliar la cobertura de las pensiones, prestando especial atención a las personas y grupos más desfavorecidos.
Con respecto al problema del acceso a la vivienda y los desalojos, se recomienda a España promover la construcción generalizada de viviendas sociales para las familias vulnerables y adoptar un marco legislativo relativo al derecho a la vivienda destinado a garantizar que las personas desalojadas tengan acceso a una indemnización u otra vivienda decente, que se les informe de la decisión de desalojo y que tengan acceso a un recurso judicial efectivo.
Todas estas propuestas han sido aprobadas por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal que el miércoles 22 de enero examino la situación del país, junto con España, y expresó los puntos de mayor preocupación en materia de derechos humanos.
Tras recibir las recomendaciones, la delegación española agradeció las propuestas y dijo que las “estudiará con detenimiento” y comunicará el resultado final de ese análisis en junio, cuando le corresponderá especificar qué recomendaciones seguirá.
El Examen Periódico Universal es un proceso liderado por los Estados, bajo el amparo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que busca mejorar la situación de las garantías fundamentales en cada uno de los países miembros de la Organización.
El mecanismo evalúa la situación de los derechos humanos en todos sus Estados miembros cada cuatro años y medio. El Examen está considerado uno de los logros más importantes e innovadores e importantes del Consejo y ha sido diseñado para garantizar la igualdad de trato de cada país.
Cada año se examinan 42 Estados, que reciben un promedio de 180 recomendaciones cada uno. Como parte del proceso, se espera que los Estados examinados indiquen qué recomendaciones apoyan e informen acerca de las medidas que tomarán para aplicarlas. Usualmente, éstas alcanzan al 75% del total de recomendaciones recibidas.
— NNN-UNIS
