LIMA, 15 de enero (NNN-PRENSA LATINA) — El expresidente peruano Alberto Fujimori será nuevamente juzgado por otra matanza de civiles, similar a las dos por las que cumple una larga condena a prisión como autor mediato de las mismas.
Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, deberá volver al banquillo por decisión de la Corte Suprema, que ratificó el martes el dictamen judicial que en febrero de 2018 dispuso que Fujimori siga siendo juzgado por la matanza de Pativilca, en la cual fueron torturados y asesinados seis humildes campesinos.
El juicio había sido cortado por el decreto del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que en diciembre de 2017 indultó a Fujimori y lo excluyó del proceso por el caso Pativilca, pero posteriormente fue anulado por ilegal por el Poder Judicial.
La defensa había pedido que se archive el juicio por la matanza de Pativilca, localidad del norte de la región de Lima, perpetrada el 29 de enero de 1992 por el Grupo Colina.
El grupo era un destacamento ilegal del Ejército dedicado a eliminar a supuestos integrantes de grupos armados y autor de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por las que Fujimori fue sentenciado a 25 años.
La fiscalía pidió igual condena para Fujimori por las muertes de Jhon Calderón, César Rodríguez, Toribio Ortiz, Pedro Agüero, Nieves Arias y Felandro Castillo, asesinados por el escuadrón ilegal.
Las investigaciones y la confesión de un miembro del comando de exterminio determinaron que la masacre fue cometida por encargo del entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza, para favorecer a un terrateniente en una controversia por tierras que este tenía con las víctimas.
El delator, sargento Jorge Ortiz, declaró en 2008 que el Grupo Colina era parte del aparato de inteligencia y respondía al mando de Hermoza, el asesor presidencial Vladimiro Montesinos y Fujimori.
El proceso por la matanza de Pativilca había avanzado hasta quedar listo para el juicio oral, aunque el inicio de este no tiene fecha definida, porque el tribunal encargado tiene varios casos pendientes, según declaró la abogada de las familias de las víctimas, Gloria Cano.
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