LA PAZ, 13 de enero (NNN-AGENCIAS) — Centenares de personas salieron el pasado sábado por la principales calles del departamento boliviano de Cochabamba para exigir al gobierno de facto instalado después del golpe de Estado contra el presidente constitucional, Evo Morales, cesar la represión y garantizar la paz de la Nación.
Durante la jornada, los ciudadanos exigieron justicia por los acontecimientos suscitados el pasado 11 de enero de 2007 en ese departamento, cuando se produjeron enfrentamientos debido a las desigualdades que impuso entonces “la misma derecha que hoy intenta destruir la nación”, según señaló uno de los protestantes.
En ese sentido, los manifestantes condenaron los más de 30 muertos y cientos de heridos, debido a la represión de militares y policías en Sacaba y Senkata ocurridas en noviembre.
Los protestantes denunciaron que quienes dirigen al país mediante un gobierno de facto, son los mismos que convocaron a los enfrentamientos en Cochabamba, de los que este sábado se cumplen 13 años.
“Todos reconocemos que en nuestra sangre corre las esencias de la comunidad indígena y por eso debemos defender al país de quienes se dicen defensores de la democracia”, destacó uno de los participantes en la marcha pacífica.
Por otro lado, como parte de las acciones del gobierno ilegítimo de Bolivia, el viernes último fue allanada la casa del exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Oscar Coca, acusado de supuestos delitos de daño económico contra el Estado.
Mientras, el exmandatario boliviano asilado en Argentina recordó este viernes que el periodo legislativo en su país culmina el 22 de enero y que prorrogar sus funciones sería una violación a la ley.
A través de su cuenta en Twitter, el líder indígena afirmó que “ningún órgano del Estado Plurinacional puede ampliar el mandato por encima de la CPE (Constitución Política de Estado)”.
“Los que lo prorroguen, violarán la ley y responderán a la justicia tarde o temprano”, sentenció Morales.
La senadora Eva Copa presentó un proyecto de Ley ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para la ampliación del mandato de asambleístas nacionales y subnacionales después del 22 enero.
La iniciativa surge luego de que la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, afirmara que “no podrá gobernar sin una Asamblea”.
Abogados constitucionalistas advierten que el artículo 156 de la CPE determina que el mandato de los asambleístas solo puede durar cinco años.
— NNN-AGENCIAS
