NACIONES UNIDAS, 11 de enero (NNN-UNIS) — Un informe publicado el viernes por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo destaca que los asesinatos, las violaciones y otras formas de violencia cometidos durante los dos últimos años contra la comunidad Hema, en la provincia de Ituri, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
La investigación determinó que desde diciembre de 2017 hasta septiembre de 2019 al menos 701 personas fueron asesinadas y 168 heridas durante las tensiones interétnicas entre las comunidades Hema y Lendu, en los territorios de Djugu y Mahagi.
A esta cifra, hay que añadirle que unas 142 personas fueron víctimas de violencia sexual, la mayoría de ellos de la comunidad Hema.
Según el estudio, desde septiembre de 2018 los grupos armados de la comunidad Lendu atacaron con frecuencia a los Hema, y miembros de otros grupos étnicos como los Alur, con el objetivo de tomar el control de sus tierras y recursos.
El informe también documenta numerosos casos de mujeres violadas, de niños asesinados -algunos con uniforme escolar- y de saqueo e incendio de pueblos. En concreto, apunta que el 10 de junio de 2019, un hombre Hema presenció la decapitación de su hijo de ocho años cuando intentaba impedir que los asaltantes armados violaran a su esposa. El suceso tuvo lugar en el distrito de Torges.
“La barbarie que caracteriza a estos ataques – que incluye la decapitación de mujeres y niños con machetes, el desmembramiento y la extracción de partes del cuerpo de las víctimas como trofeos de guerra- refleja el deseo de los atacantes de infligir un trauma duradero a la comunidad Hema, y de obligarles a huir y no regresar a sus aldeas”, dice el informe.
El documento concluye que la violencia probada “podría contener algunos elementos de crímenes de lesa humanidad como el asesinato, la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual, el saqueo y la persecución”.
Además, constata que la mayoría de los ataques ocurrieron en junio, durante el período de cosecha, y en diciembre, durante la temporada de siembra. Una situación que dificultó el cultivo de las tierras y agudizó la falta de alimentos de la comunidad Hema.
De acuerdo con los datos que maneja la Agencia de la ONU para los Refugiados, (ACNUR), desde febrero de 2018 unas 57.000 personas se refugiaron en Uganda y más de 556.000 huyeron a regiones vecinas.
También indica que las fuerzas militares y policiales, desplegadas desde febrero de 2018, no lograron detener la violencia y que incluso cometieron abusos como ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, arrestos y detenciones arbitrarias. Los tribunales congoleños han condenado a dos policías y dos soldados.
La Oficina Conjunta -formada por la representación de la Alta Comisionada y la División de Derechos Humanos de la Misión de la ONU en ese país recomienda a las autoridades congoleñas abordar los orígenes del conflicto, como el acceso a los recursos, incluida la tierra, y mantener los actuales esfuerzos de reconciliación entre las dos comunidades.
Igualmente, pide reforzar la presencia de las instituciones estatales y de las fuerzas armadas en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las comunidades y su convivencia pacífica.
Por último, el informe insta a las autoridades a conducir una investigación independiente e imparcial sobre la violencia, además de garantizar el derecho a la reparación de las víctimas y su acceso a atención médica y psicosocial.
— NNN-UNIS
