NACIONES UNIDAS, 24 de diciembre (NNN-UNIS) — Las personas afrodescendientes de Ecuador representan el 40% de la población que vive en la pobreza, se les niega constantemente su derecho a un medio ambiente limpio, así como el acceso a la justicia, a la educación, y al trabajo decente. Un Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos pide al Gobierno acciones urgentes para mejorar las condiciones de vida de este colectivo.
El Gobierno de Ecuador debe implementar planes para poner fin a la discriminación que sufren los afroecuatorianos y otras personas de ascendencia africana, concluyó un grupo de expertos en derechos humanos tras visitar el país.
“Las personas están enfrentando dificultades para acceder a la justicia, seguridad, tierra, agua limpia, educación, atención de salud, vivienda y a oportunidades económicas”, dijo el presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Afrodescendientes, Ahmed Reid, en una declaración.
Reid agregó que a pesar de que los afroecuatorianos son solo el 7.2% de la población total del país, representan el 40% de aquellos que viven en la pobreza.
“Ecuador debe implementar y hacer cumplir leyes y políticas que protejan sus derechos y terminen con la discriminación, exclusión y extrema pobreza que enfrentan”, señaló.
El Grupo de Trabajo hizo especial énfasis en la provincia de Esmeraldas, donde casi el 70% de la población es afrodescendiente.
“Esmeraldas es una de las provincias más pobres de Ecuador; el 85% de su población vive por debajo del umbral de pobreza, el 23% tiene acceso únicamente a los servicios más básicos, y el 15% de la población es analfabeta,” manifestó Reid, asegurando que a pesar de que reconocen las iniciativas nacionales para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia, es claro que hay mucho trabajo por hacer para abordar los niveles inaceptables de exclusión y pobreza.
Por otro lado, el experto en derechos humanos aseguró que los afrodescendientes también sufren de “racismo ambiental” debido a la contaminación sistemática de sus fuentes de agua y del medio ambiente.
Según Reid, existe una intimidación a sus comunidades y una respuesta insuficiente del Estado. “El Estado no debe permanecer indiferente ante los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las industrias extractivas y por otras empresas, se debe poner fin a la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y al racismo ambiental”, dijo.
Según el Grupo de Trabajo, los afroecuatorianos se han visto gravemente afectados de manera particular por el daño ambiental que pone en peligro la vida de las comunidades. En su visita al país, los expertos pudieron constatar de cerca las consecuencias de la contaminación en un río en la provincia de Esmeraldas. Las comunidades afrodescendientes que beben agua del río se bañan en él o lavan ahí su ropa, terminan sufriendo enfermedades que incluyen erupciones cutáneas, infecciones genitales y otras enfermedades graves.
“El Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por la criminalización de las personas afrodescendientes como una estrategia para reprimir o incluso eliminar la oposición a los proyectos extractivistas”, afirmó Reid, agregando que, a pesar de la garantía constitucional del derecho a la tierra, los afroecuatorianos se quejan de que se han entregado miles de hectáreas de tierras ancestrales a las industrias extractivas.
“El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por la inacción del Estado ante la interferencia y el cabildeo de los exportadores y otros grupos y personalidades que buscan que las operaciones de estas industrias continúen. El Grupo de Trabajo también señaló la insuficiente acción por parte del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minería (ARCOM) y el Ministerio de Agricultura”.
El Grupo de Trabajo también dijo estar profundamente preocupado por la impunidad y las continuas violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los trabajadores de las plantaciones y sus familias por parte de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones CA.
El informe del Defensor del Pueblo indica que la mayoría de los trabajadores de la empresa son afrodescendientes, que trabajan y dependen de la extracción de fibra de abacá sin tener contratos de trabajo o seguridad social.
Los expertos verificaron la situación en 17 campamentos ubicados en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, tales como: alto riesgo de ser desalojados de los territorios donde viven porque son propiedad de la empresa.
“Los campamentos en los que viven no cuentan con servicios básicos como agua potable, electricidad, alumbrado público, instalaciones sanitarias o de saneamiento, entre otros. La compañía les hizo firmar contratos de arrendamiento para evitar firmar contratos de trabajo como un medio para negar la relación laboral; la compra de abacá ha sido exclusivamente para la empresa; existe trabajo infantil; y, efectos negativos sobre la salud debido a discapacidad física derivada de cortes, mutilaciones y accidentes laborales”, declararon.
Durante 56 años, los ecuatorianos afrodescendientes han trabajado para la empresa en condiciones equivalentes a formas de esclavitud moderna. Los niños nacidos en las haciendas no cuentan con un registro de sus nacimientos, negándoles así el derecho a la nacionalidad. Los niños se ven obligados a trabajar en lugar de ir a la escuela. Tanto los padres como sus hijos carecen de documentos de identidad. No tienen acceso a atención médica ni a otros servicios.
El Grupo de Trabajo se reunió con un trabajador cuyas piernas se encuentran rotas y torcidas por accidentes ocurridos en el lugar de trabajo. El trabajador necesita una cirugía, pero no tiene los documentos ni el dinero necesarios para la operación. Los trabajadores viven en hogares improvisados que no pueden clasificarse como viviendas adecuadas. La compañía todavía está operando y los trabajadores están exigiendo justicia y reparaciones por el daño sufrido.
Los expertos también están preocupados por la falta de acceso a la justicia de las personas de ascendencia africana y acogieron con satisfacción el compromiso del Tribunal Constitucional de abordar los casos pendientes.
Además, resaltaron la sobrerrepresentación de personas afrodescendientes detenidas. El Grupo de Trabajo visitó el centro de adolescentes infractores en Esmeraldas, donde el 90% de los detenidos eran personas de ascendencia africana.
“Nos preocupa profundamente la falta de acceso a asesoría legal, la falta de agua limpia, alimentos inadecuados, recreación insuficiente, malas condiciones de vida e inseguridad”, dijeron.
— NNN-UNIS
