NACIONES UNIDAS, 14 de diciembre (NNN-UNIS) — Un equipo de la Oficina de Michelle Bachelet documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niños y niñas adolescentes, perpetrados por miembros de los Carabineros y militares. También describe el uso desproporcionado de las armas menos letales, que le causaron heridas oculares a unas 350 personas.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos concluyó que “existen razones fundadas para creer” que desde el 18 de octubre se han cometido un elevado número de violaciones de derechos humanos de manos de Carabineros y militares en Chile entre las que se encuentran el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias.
“El control de asambleas por los Carabineros ha sido realizado de manera fundamentalmente represiva”, dice el informe, añadiendo que “algunas violaciones de derechos humanos, en particular, el uso inadecuado de armas menos letales y casos de malos tratos, son recurrentes en el tiempo y el espacio”.
Los Carabineros de Chile y las Fuerzas armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre el control de asamblea y uso de la fuerza durante las recientes protestas masivas y estado de emergencia, afirma la investigación.
El informe, elaborado por un equipo en el terreno que investigó las denuncias en Chile las primeras semanas de noviembre, detalla extensas alegaciones, con ejemplos específicos de tortura, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual de manos de Carabineros contra personas detenidas, muchas de las cuales estaban bajo custodia de manera arbitraria.
Según información oficial, más de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre, aunque la mayoría de ellas han sido puestas en libertad.
El informe realizado a partir de 235 entrevistas a víctimas y a sus familiares, y de 60 entrevistas a oficiales de los Carabineros de Chile, incluidos algunos que fueron heridos durante las protestas, señala que a partir de la información recogida que los “Carabineros han incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos”.
El equipo de Michelle Bachelet documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes. El informe señala que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado querellas relacionadas con cientos de este tipo de casos.
Asimismo, asegura que el Ministerio Público indicó que existen investigaciones en curso relacionadas con 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas. La Oficina de Derechos Humanos logró verificar información sobre 11 de las 26 muertes. De esas 11, el informe afirma que cuatro casos constituyeron “privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”.
Añade que en dos de estos casos, se señala que parece haberse utilizado fuerza letal, en forma de armas de fuego, en ausencia de todo riesgo para la vida de civiles o militares y contra personas que no estaban participando en actos de violencia. “Esto contraviene la normativa y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y puede, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial”, asegura el documento.
La investigación asegura que a pesar de que el Ministerio de Justicia reportó 4903 personas heridas hasta el 10 de diciembre, entre ellas 2792 oficiales de Carabineros, otras fuentes sugieren la existencia de un número mayor.
“Hubo un uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas o fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Esto ha resultado en un alto número de personas heridas, incluidos transeúntes y personas que no estaban cometiendo actos violentos, sino que protestaban pacíficamente”.
Además, asegura que el número alarmantemente alto de personas con heridas oculares o faciales, unas 350, demuestra que “hay razones fundadas para creer que se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de heridas.”
Añade que, si bien las heridas oculares resultaron principalmente de perdigones, algunos casos también fueron resultado del “uso de irritantes químicos, en particular gases lacrimógenos y, en algunos casos, del impacto de los cartuchos de gas lacrimógeno.”
El informe además señala que las autoridades tenían información sobre el alcance de estas lesiones desde el 22 de octubre, pero no se tomaron medidas eficaces, expeditas y oportunas para poner fin al uso de armas menos letales, especialmente de las escopetas antidisturbios con perdigones. “La pronta acción de autoridades responsables podría haber evitado que otras personas sufrieran heridas graves”.
También destaca varios fallos recientes de las de Cortes de Apelaciones en todo el país que han restringido el uso de escopetas antidisturbios en manifestaciones pacíficas, y que también han limitado o prohibido el uso de gases lacrimógenos en ciertos lugares como por ejemplo hospitales.
El informe del equipo de Bachelet reconoce que diferentes instituciones estatales han tomado medidas para asegurar las investigaciones de supuestas violaciones de derechos humanos; asegurar el acceso a abogado para las personas detenidas; el acceso a servicios para las víctimas; y proporcionar información integral, regular y accesible al público.
También se han dictado fallos judiciales para proteger a las personas que ejercían su derecho a la asamblea pacífica.” El Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, en particular, “han cumplido de manera pronta y eficaz con su mandato de proteger los derechos humanos.”
Además, indica que las manifestaciones que en Chile han tenido múltiples causas, incluida la desigualdad económica y social.
“La mayoría de las personas que ha ejercido su derecho a la asamblea durante este periodo lo ha hecho de manera pacífica. Sin embargo, ha habido numerosos ataques contra fuerzas de seguridad y sus instalaciones. También hubo saqueos y destrucción de propiedad tanto durante como fuera de las manifestaciones”.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recomienda a Chile el cese inmediato del uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios, y llama a limitar el uso de gases lacrimógenos a situaciones en que sea estrictamente necesario, pero nunca de establecimientos educativos y de salud.
“Los oficiales de policía deberían recibir instrucciones claras sobre el uso adecuado de gases lacrimógenos, incluido asegurando que los cartuchos de gas siempre se disparen en un ángulo pronunciado, y nunca horizontalmente, de conformidad con los estándares internacionales”.
También recomienda una serie de medidas específicas para rectificar las prácticas policiales y hace un llamado al Gobierno a “asegurar que las fuerzas de seguridad garanticen la rendición de cuentas con relación a las violaciones de derechos humanos y reconozcan estas violaciones.”
“Reconociendo y aprendiendo de lo sucedido, miremos de manera constructiva hacia adelante”, afirmó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Bachelet recomienda el establecimiento un mecanismo de seguimiento, que involucre a la Oficina Regional de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, con sede en Santiago, así como la participación activa de la sociedad civil, para evaluar dentro de tres meses la implementación de las recomendaciones realizadas en el informe, así como las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
“Este mecanismo de seguimiento debería tener como propósito establecer medidas para prevenir que se repitan esos hechos tristes y preocupantes en los que Chile se ha visto sumergido en los últimos dos meses – especialmente, mientras las protestas continúan a lo largo del país, si bien con menor intensidad, y continuamos recibiendo alegaciones de violaciones de derechos humanos. El resultado del trabajo de este mecanismo debería hacerse público”.
Para la realización del informe, el equipo de Bachelet recibió el amplio apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de la Niñez, así miembros de la sociedad civil. A los expertos, el Gobierno les otorgó acceso libre a hospitales a centros de salud, así como a lugares de detención, incluidas comisarías de policía y cárceles.
— NNN-UNIS
