LA PAZ, 29 de noviembre (NNN-PRENSA LATINA) — Bajo presión nacional e internacional, la presidenta de facto en Bolivia, Jeanine Áñez, abrogó el jueves el Decreto que daba inmunidad penal a militares y policías por sus acciones durante el golpe de Estado al expresidente Evo Morales.
La mandataria intentó justificar la utilización de este recurso legal debido a los convulsos días que se vivieron en varias zonas del país a partir de la renuncia impuesta por altos mandos militares al líder indígena, el pasado 10 de noviembre.
Áñez agradeció, durante breve conferencia de prensa en el Palacio Quemado, ‘la comprensión de todos los sectores del país’ y declaró que ‘hemos logrado la ansiada pacificación’.
El Decreto Supremo 4078 señalaba que el personal de las fuerzas armadas y policiales ‘estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúe en legítima defensa’.
Sin embargo, la norma fue muy cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, por la ola de violencia que desataron estas fuerzas contra los ciudadanos que se oponían a las acciones golpistas.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, se han registrado al menos 34 muertos desde las elecciones del pasado 20 de octubre, la mayoría de ellos por disparos durante operativos.
Precisamente, en horas de la mañana del jueves la Fiscalía departamental de La Paz solicitó información a las Fuerzas Armadas y la Policía sobre las armas utilizadas el 19 de noviembre en la localidad de Senkata, donde se registraron una decena de muertos.
Según ese órgano, la investigación preliminar estableció que el equipamiento empleado para arremeter contra el pueblo movilizado que exigía la salida de la presidencia a Áñez, no fue de reglamento.
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