LA PAZ, 18 de noviembre (NNN-AGENCIAS) — Las autoridades que ocuparon el poder en Bolivia tras la renuncia del presidente Evo Morales seguían intentando el domingo acallar las manifestaciones contra el golpe de Estado en ese país, que han dejado hasta ahora una decena de campesinos muertos y más de cien heridos, mientras se conocía que sindicatos cocaleros han dado a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez un plazo de 48 horas para presentar su dimisión.
El principal foco del conflicto se había concentrado en Cochabamba (centro), donde el viernes campesinos cocaleros chocaron con el ejército y la policía, con un saldo de nueve muertos.
El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, llegó a declarar que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto “aparece con un tiro en la nuca”.
Sin embargo, Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, dijo que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde murieron los nueve cocaleros, y que “todos los muertos son con impacto de bala”.
“Todos con quienes he hablado dijeron que en las manifestaciones no había ninguna persona civil con un arma”, afirmó Becker por teléfono a la AFP y precisó que entrevistó a 50 personas en esa ciudad.
Igualmente, el defensor del pueblo regional de Cochabamba, Nelson Cox, dijo que los registros hospitalarios en la región de Bolisa mostraron que la “gran mayoría” de las muertes y lesiones del viernes por la noche habían sido causadas por heridas de bala. Llamó a la reacción de las fuerzas de seguridad en la región como un “acto de represión”.
“Estamos trabajando con la oficina del defensor del pueblo nacional para realizar autopsias para determinar la causa de la muerte y buscar justicia para estas víctimas”, declaró Cox a Reuters en una entrevista el sábado.
El Gobierno interino de Áñez, que rompió relaciones con Venezuela el viernes, declaró como personas no gratas a todo el personal diplomático de la embajada venezolana en La Paz, y se desvinculó de organismos tales como el ALBA y la UNASUR. Áñez, además, sostuvo el sábado una videoconferencia con Juan Guaidó.
Preocupación y rechazo internacional generó un decreto firmado por la autoproclamada presidenta, que exime a las Fuerzas Armadas del país de responsabilidad penal en caso de que actúen en “legítima defensa o estado de necesidad”.
Según el decreto, “el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
A raíz de ese paso, que fue criticado por organizaciones sociales y de derechos humanos, Evo Morales afirmó en Twitter que “los autores del golpe de Estado en Bolivia gobiernan con decretos, sin el Legislativo y apoyados en las armas y bayonetas de Policía y Fuerzas Armadas. Esta es la verdadera dictadura que masacra sin clemencia”.
La ONU advirtió el sábado que la violencia en Bolivia podría “descontrolarse”. La expresidenta chilena Michelle Bachelet, en su rol de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que la represión y el uso desproporcionado e innecesario de la fuerza pueden recrudecer la situación en el país andino.
A raíz de los cortes de rutas en varias regiones ha comenzado a sentirse el desabastecimiento de comestibles en los mercados populares, lo que ha generado especulación.
Seis sindicatos cocaleros del Chapare exigieron la noche del sábado “la renuncia de la autoproclamada presidente de facto Jeanine Áñez Chávez en un plazo de 48 horas”.
Entre otros nueve puntos, los cocaleros, que se mantenían el sábado estacionados en Sacaba, solicitaron al Legislativo que apruebe una ley “que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días”.
Una asamblea de vecinos de El Alto, aprobó también “un cerco a la ciudad de La Paz” desde el lunes para forzar “la renuncia inmediata” de Áñez, calificando su nombramiento como ilegal.
Este fin de semana, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas pidió a las actuales autoridades bolivianas que garanticen la seguridad de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque Quispe, detenida por supuestas irregularidades durante las recientes elecciones.
La presidenta del foro, Anne Nuorgam, ha denunciado que desde su arresto el 10 de noviembre, luego de lo cual fue llevada a la prisión de mujeres de Obrajes, en La Paz, Choque Quispe “no ha recibido las debidas garantías para el ejercicio de sus derechos humanos básicos y para el respeto de la dignidad de su persona”.
El foro denunció además que tanto Choque Quispe como sus familiares “han recibido amenazas contra su integridad física, según lo informado a la Defensoría del Pueblo boliviano el 13 de noviembre”.
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