BOGOTÁ, 31 de octubre (NNN-AGENCIAS) — El gobierno colombiano dispuso el despliegue de 2.500 militares más en el departamento de Cauca, sur del país, ante el desafío planteado por las disidencias de las FARC a quienes se les atribuyó el asesinato de cinco indígenas y heridas a otros cinco.
“En los próximos 40 días debe estar en operación en el departamento la fuerza de despliegue rápido número cuatro, que va a traer 2500 efectivos más de la fuerza pública para cumplir tres propósitos: control territorial, cerrar el paso del narcotráfico y desmantelar esas organizaciones”, anunció el presidente, Iván Duque.
Duque viajó a Santander de Quilichao, en el Cauca, para encabezar un consejo de seguridad junto al alto mando militar y su ministro de Defensa, Guillermo Botero, en respuesta a la masacre.
“Aquí está el Estado unido para rechazar estos actos execrables que vimos el día de ayer; esos hechos de violencia sanguinaria, contra miembros de nuestras comunidades indígenas”, agregó el mandatario.
La masacre ocurrió en la tarde del martes en Tacueyó, al norte del Cauca, cuando hombres armados que se movilizaban en tres camionetas de alta gama ingresaron a territorio indígena y ante el intento de los habitantes de detenerlos les dispararon indiscriminadamente.
Los atacantes no se conformaron con las primeras víctimas: balearon una ambulancia que intentó socorrer a los heridos y luego dispararon contra aquellos que ayudaban a las primeras personas atacadas, según describió el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), máxima autoridad de la región.
La versión contradijo las afirmaciones hechas en la víspera por el Ejército que en un comunicado habló de una supuesta detención de tres disidentes por parte de la guardia indígena, lo que desató un rescate a sangre y fuego.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) sostuvo que el múltiple crimen en Tacueyó contra los indígenas Nasa es solo la “continuidad del genocidio” contra los pueblos originarios del país.
“Rechazamos la masacre de la que fueron víctimas nuestros hermanos y hermanas Nasas, hechos que se dan en el marco del genocidio producto de la no implementación del Acuerdo Final de Paz y del capítulo étnico”, acusó la ONIC.
La organización aseguró que durante el mandato de Duque fueron asesinados 125 indígenas y exigió al gobierno respeto por su autonomía, que le permite aplicar sus propias normas y vigilar sus territorios sin la intervención de ninguna autoridad externa.
En el único punto en el que gobierno e indígenas coincidieron fue en los autores de la masacre, atribuida a la “columna Dagoberto Ramos” que integran renegados del acuerdo de paz con las FARC y que ahora se dedican al cultivo y tráfico de cocaína, según la versión oficial.
“Para la lucha contra el narcotráfico no existen divisiones ni políticas ni ideológicas”, dijo Duque.
El mandatario les ofreció a los indígenas establecer una “carpa blanca” en sus territorios que permita el acercamiento entre el Estado y los pueblos originarios.
— NNN-AGENCIAS
