NACIONES UNIDAS, 24 de octubre (NNN-UNIS) — Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU expresó el miércoles su inquietud en relación con la “violenta respuesta” de los integrantes de los cuerpos de seguridad ecuatorianos ante las recientes protestas contra las medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno de la nación sudamericana.
Las protestas se produjeron tras la proclamación de un decreto que suprimía las subvenciones al combustible que provocaba el alza de precios de estos, y la posterior instauración del estado de excepción, causando 8 muertos, 1340 heridos y 1192 heridos, entre ellos menores de edad, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, personas con discapacidad y periodistas.
“Seguimos preocupados por el hecho de que la emergencia estatal se haya implementado en previsión de las protestas”, destacaron los especialistas quienes pusieron en tela de juicio las razones del Gobierno de categorizar la situación como una “emergencia pública que, en palabras del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, `amenaza la vida de la nación’”.
Además, consideraron que el alto número de lesionados podría representar un claro indicio de uso excesivo de la fuerza, violando los requisitos de necesidad y proporcionalidad, por lo que solicitaron al Gobierno la investigación de todas las muertes y el mencionado uso de fuerza durante las protestas y examinar si pueden ser consideradas “como privaciones arbitrarias de la vida”.
Al mismo tiempo, señalaron haber recibido informaciones de que durante las protestas se censuró e interrumpió los servicios de internet de redes sociales.
“El acceso a los servicios de información y comunicación durante las protestas es crucial para el disfrute de varios derechos, en particular la libertad de expresión y la oportunidad de que los manifestantes hagan oír sus demandas y quejas”, manifestaron.
Los expertos continuaron su razonamiento e indicaron “estar consternados” por la reacción que tuvieron las fuerzas de seguridad ya que “la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas”.
Igualmente, se mostraron especialmente preocupados por la militarización de territorios indígenas “ya que esto podría violar el derecho a la autodeterminación y a su vez generar más violaciones de derechos humanos”.
Los relatores celebraron, no obstante, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y encomiaron la decisión gubernamental de planear una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que analizará las denuncias de derechos humanos comprendidas entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre.
— NNN-UNIS
