QUITO, 11 de octubre (NNN-PRENSA LATINA) — Nuevas manifestaciones populares están previstas para el viernes en Ecuador en el marco de la resistencia permanente declarada por movimientos indígenas contra medidas económicas, calificadas de neoliberales, que afectan a amplios sectores de la población.
Mientras en la ciudad de Loja está convocada una movilización de nacionalidades y organizaciones sociales, en esta capital se espera la llegada de un contingente de diversos pueblos ancestrales, quienes se unirán a los miles de indígenas que desde el miércoles último lideran las protestas.
Bajo la consigna de ‘El Paro Sigue’, se mantienen las acciones en las calles, tomadas desde el pasado 3 de octubre por miles de personas, distribuidas en numerosos puntos del territorio nacional, para decirle al gobierno liderado por Lenín Moreno que debe responder a las necesidades de la población y no a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las principales demandas son: derogar el Decreto 883, que liberó el precio de la gasolina extra y el diésel, así como dar marcha atrás en un paquete de reformas tributarias y laborales, perjudiciales para quienes perciben menos ingresos.
También exigen al ejecutivo, poner fin a la represión policial desatada contra los movilizados, que han dejado al menos cinco muertos y numerosos heridos.
Decididos a mantenerse en pie de lucha, quienes se oponen a las acciones recientes de la administración nacional rechazan toda posibilidad de diálogo, ante la negativa del ejecutivo a suspender la disposición que eliminó el subsidio a los combustibles.
Para sentarse a la mesa de negociaciones, los sectores populares piden también la renuncia inmediata de los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y Defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes responsabilizan con la ola represiva, y la salida del FMI del país.
La entrada en vigor de esa disposición, disparó, de inmediato, los precios de alimentos de la canasta básica y elevó el valor de los pasajes en el transporte público.
El llamado ‘paquetazo’, incluye además reducir en 20 por ciento el salario para contratos temporales renovados y disminuir el período vacacional de empleados de empresas públicas de 30 a 15 días.
Asimismo, propone reducir aranceles, eliminar el anticipo del impuesto a la renta y bajar el arancel a la salida de divisas, regulaciones que benefician a los más pudientes en este territorio andino.
— NNN-PRENSA LATINA
