LIMA, 7 de octubre (NNN-PRENSA LATINA) — El presidente peruano, Martín Vizcarra, descartó el domingo tajantemente la posibilidad de buscar su reelección inmediata en 2021 y defendió la legalidad de la reciente disolución constitucional del parlamento, hostil a su administración.
En una entrevista con el diario conservador El Comercio, rechazó que el cese del parlamento sea igual a la que decretó, sin tener facultades para ello, el exgobernante Alberto Fujimori, al cerrar el Congreso en 1992 en una operación militar represiva y orientada a prolongar esa administración.
Descartó absolutamente que busque continuar en el gobierno después de su actual mandato, en 2021, y señaló que ese afán se caracteriza por el uso de alguna institución o herramienta legal para perpetuarse en el cargo, como ocurrió en 1992.
Al ratificar la decisión absoluta de respetar el periodo de gobierno, aseveró que ‘de ninguna manera vamos a estar un día más allá del 28 de julio del 2021’.
Preguntado sobre la posibilidad de que sea candidato en 2026, Vizcarra dijo que ‘primero tengo que terminar esta gestión; quiero que todo mi esfuerzo, concentración, dedicación, este abocado al año 2021.
Vizcarra asumió toda la responsabilidad de la decisión de disolver el parlamento, dijo que en el consejo de ministros hubo acotaciones de tipo formal y señaló que los cambios de titulares tras la dimisión, parte del procedimiento de la medida, estaban previstos con anterioridad.
Sobre criterios que sostienen que su popularidad se debe a su confrontación con el impopular Congreso y que deberá enfrentar el desafío de gobernar sin ese factor, dijo que, con oposición o sin ella, seguirá trabajando por sus convicciones, como la lucha contra la corrupción, cuya continuidad demanda la ciudadanía.
Disuelto el Congreso de la República, el mandatario gobernará sin la oposición de una mayoría congresal hostil, sobre lo que comentó que es la primera vez que se plantea esa situación en términos constitucionales y que ‘estamos experimentando el proceso’.
Añadió que durante los meses que gobernará sin fiscalización congresal, concentrará su esfuerzo en buscar resultados en beneficio de la población sin abusar de los decretos de urgencia que está facultado a emitir y sin distracciones políticas.
‘No hubiéramos querido llegar a esta situación y hemos hecho todo el esfuerzo para postergar una decisión tan difícil, hasta que ya no había otro camino’, explicó Vizcarra.
Señaló que respetará lo que opine el Tribunal Constitucional, al que se propone apelar contra la disolución la comisión permanente, de mayoría opositora y que quedó a cargo de las tareas administrativas del Poder Legislativo, según opiniones jurídicas sin facultades como la de litigar en la citada corte.
Confirmó también que decidió que disolvería el parlamento tras el rechazo a su proyecto de adelanto de los comicios generales de 2021 a 2020, el cual buscaba evitar desenlaces como el receso parlamentario, y que lo haría la siguiente vez que el Legislativo rechazara un proyecto del Ejecutivo, como ocurrió.
El Congreso rechazó por segunda vez la confianza en el gabinete ministerial, a la que estaba atado un proyecto para modificar el sistema de elección de nuevos jueces del Tribunal Constitucional y suspender la nominación de seis de ellos, cuestionada por juristas de analistas políticos, lo que ignoró la mayoría congresal.
Sobre las elecciones legislativas convocadas para el 26 de enero de 2020, el jefe de Estado dijo que mantendrá ‘absoluta neutralidad’ y que ha pedido al nuevo canciller, Gustavo Meza Cuadra, que gestionará la llegada de una misión internacional que verifique la transparencia de los comicios.
Preguntado sobre si seguirá defendiendo el libre mercado, eje de la controvertida política económica neoliberal vigente desde hace más de un cuarto de siglo, respondió que la política económica se sustenta en ‘promocionar la inversión privada con reglas claras’ y con sustetento ambiental y social.
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