NACIONES UNIDAS, 28 de septiembre (NNN-UNIS) — Una resolución del órgano de la ONU que se ocupa de las garantías fundamentales señala que la misión tiene como objetivo investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. Además, condena enérgicamente todas las violaciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha decidido establecer este viernes “una misión internacional independiente de determinación de los hechos (…) y enviar urgentemente esa misión a la República Bolivariana de Venezuela para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
La decisión fue adoptada en una resolución en la que señala que los miembros de la misión serán designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, que tiene una duración de un año y que deberán presentar un informe con sus conclusiones al Consejo durante un diálogo interactivo que se celebrará en su 45° período de sesiones.
En la misma resolución, el Consejo condenó enérgicamente “todas las violaciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas” en Venezuela.
Además, condena enérgicamente “los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos”, que “incluyen casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y durante operaciones de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de órganos de seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales y de grupos armados civiles favorables al Gobierno”.
Expresa gran preocupación por el impacto desproporcionado y diferenciado que tiene la crisis en los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
El órgano expresa también su “gran preocupación” por la muerte de 6000 personas, desde enero de 2018, durante las operaciones de las fuerzas de seguridad, y señala que, según la información analizada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “muchas de esas muertes puedan constituir ejecuciones extrajudiciales”.
Además, deplora los abusos sistemáticos cometidos contra las instituciones del Estado, “que aceleran la erosión del estado de derecho y de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, en particular violando su independencia, privando a miembros de la Asamblea de su inmunidad parlamentaria y deteniéndolos arbitrariamente, así como sometiendo a sus familiares a arrestos arbitrarios, torturas, malos tratos, amenazas de muerte y actos de vigilancia, amedrentamiento y acoso”.
El Consejo de Derechos Humanos insta a las autoridades venezolanas a que pongan inmediatamente en libertad “a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas arbitrariamente de libertad”.
Especialmente, pide la libertad de 27 detenidos “señalados como casos prioritarios” por la Alta Comisionada.
En la resolución, el Consejo expresa asimismo “gran preocupación por la grave crisis económica y social” de Venezuela, que asegura ha tenido hondas repercusiones en el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y en el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a una alimentación adecuada, como consecuencia del desmoronamiento de los servicios públicos.
Y tras expresar profunda preocupación por el hecho de que el principal programa de asistencia alimentaria no atienda las necesidades nutricionales básicas de la población y de que padezcan malnutrición por lo menos 3,7 millones de personas, la resolución condena enérgicamente “la discriminación por motivos políticos en el acceso a la asistencia alimentaria y a otros programas sociales”.
Otros motivos de preocupación están relacionados con la salud, debido a la escasez generalizada de vacunas, medicamentos y tratamientos, y la falta de acceso a los mismos, así como el deterioro de las condiciones en los hospitales, los dispensarios y las maternidades, lo cual es motivo, entre otros problemas, de que reaparezcan enfermedades controladas y eliminadas, entre ellas enfermedades prevenibles mediante vacunación, y de que aumente el riesgo de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
El Consejo “expresa gran preocupación por el impacto desproporcionado y diferenciado que tiene la crisis en los derechos humanos de las mujeres y las niñas, la falta de servicios sanitarios integrales” y “los testimonios de un incremento de las tasas de mortalidad materna, embarazo en la adolescencia, malnutrición y enfermedades prevenibles”.
Por ese motivo, insta a las autoridades venezolanas a que adopten las medidas apropiadas para hacer frente a los actos denunciados de violencia y acoso y de violencia sexual contra mujeres y niñas privadas de libertad, actos que incluyen, según los testimonios recogidos, abusos físicos, sexuales y verbales, amenazas e intimidaciones, la explotación sexual de las mujeres y las niñas a cambio de alimentos, protección y privilegios, y los malos tratos.
En relación con la libertad de opinión y expresión, el documento condena la clausura de decenas de medios impresos, el cierre de emisoras de radio, la prohibición de canales de televisión y el bloqueo habitual de plataformas de medios sociales, así como la detención de periodistas y el arresto arbitrario de personas por expresar su opinión en los medios sociales.
Además, deplora la denegación sistemática de los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela a la verdad, la justicia y la reparación.
Con respecto a los migrantes y refugiados, el Consejo de Derechos recuerda que cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar Venezuela y deplora que los venezolanos en movimiento encuentren obstáculos dentro del país para obtener o legalizar sus documentos, así como que quienes salen del país o vuelven a entrar en él sean, con frecuencia, víctimas de extorsiones y requisiciones.
En este sentido, la resolución insta a la comunidad internacional a que siga prestando apoyo y lo intensifique para que los Estados anfitriones puedan responder a las necesidades crecientes de los venezolanos en movimiento, en particular las necesidades específicas de las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.
— NNN-UNIS
