NACIONES UNIDAS, 6 de julio (NNN-UNIS) — La Alta Comisionada para los Derechos Humanos destacó la liberación más de 80 detenidos en las últimas semanas en Venezuela y confió en que las autoridades sigan las recomendaciones de su informe sobre la situación de las garantías fundamentales en el país. El Gobierno venezolano objetó el documento por haber omitido la información aportada por el Estado, pero señaló que aceptará las recomendaciones constructivas que ha hecho.
Un día después de divulgar un informe sobre las garantías fundamentales en Venezuela, en el que se destacaba la existencia de una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos citó este viernes ante la prensa en Ginebra algunas medidas tomadas recientemente por el Gobierno de ese país que parecen dan muestras de un nuevo compromiso por parte de las autoridades del país.
Un día después de divulgar un informe sobre las garantías fundamentales en Venezuela, en el que se destacaba la existencia de una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos citó este viernes ante la prensa en Ginebra algunas medidas tomadas recientemente por el Gobierno de ese país que parecen dan muestras de un nuevo compromiso por parte de las autoridades del país.
Un día después de divulgar un informe sobre las garantías fundamentales en Venezuela, en el que se destacaba la existencia de una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos citó este viernes ante la prensa en Ginebra algunas medidas tomadas recientemente por el Gobierno de ese país que parecen dan muestras de un nuevo compromiso por parte de las autoridades del país.
“La excarcelación de 62 detenidos a los pocos días de mi visita a Caracas; la liberación ayer de otros 22, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni. Así como la aceptación de la presencia de dos oficiales de derechos humanos en el país, las entiendo como muestras de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país”, dijo Michelle Bachelet.
El informe, que abarca de enero de 2018 a mayo de 2019, afirma que el estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido erosionados.
“El uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de seguridad de las fuerzas especiales. La tortura es un grave problema, como trágicamente ha mostrado la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo hoy hace una semana”, agregó.
Según la investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la Oficina de la Alta Comisionada, los venezolanos sufren desde hace varios años una crisis económica que afecta sus derechos fundamentales a la salud y la alimentación.
“Las últimas sanciones impuestas sobre el país están exacerbando la situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación de petróleo”, aclaró Bachelet.
Para terminar sus declaraciones, la alta funcionaria confió en que “las autoridades reciban las recomendaciones incluidas en el informe de la misma forma constructiva en la que fueron redactadas”.
A preguntas de los periodistas, Bachelet explicó que no hay una fecha límite para cumplir con las numerosas recomendaciones hechas por su Oficina: “La idea es trabajar y cooperar con el Gobierno en el terreno y desde aquí para tratar animarlos a que cumplan con esas recomendaciones”.
También destacó que ahora nos encontramos ante una situación diferente con respecto a los dos informes anteriores de 2015 y 2017, cuando no había nadie de su Oficina en el país, ya que Venezuela ha aceptado la presencia de dos oficiales de derechos humanos cooperando con las autoridades, pero también observando y hablando con la sociedad civil.
“Por ello, creemos que le tenemos que dar un tiempo y un espacio a esta nueva realidad y construir la relación con todas las partes están directamente en el terreno. Creemos que es el momento para este proceso. Debemos priorizar esto porque hay un completo nuevo escenario y vemos esto como una oportunidad y tenemos que darle una posibilidad a esa oportunidad”, destacó.
Informe sesgado, dice el Gobierno
Tras la presentación del informe al Consejo de Derechos Humanos, el viceministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, William Castilo, se refirió a la visita de Bachelet al país hace menos de un mes y sostuvo que “abrió un canal de comunicación entre el Estado y la Oficina de la Alta Comisionada”.
Aseveró que durante ese viaje, el equipo de la ONU tuvo acceso libre a la información, además de que se le puso al tanto de manera detallada de las políticas públicas y el modelo de protección social vigente desde 1999.
El viceministro señaló que Bachelet también recibió denuncias de diferentes grupos de víctimas, constató los problemas existentes y se enteró de los esfuerzos del Estado por resolverlos.
“Por ello, resulta incomprensible el contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada; un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos, y que parece un calco de informaciones anteriores”, apuntó.
Castillo presentó 70 observaciones al documento, asegurando que “ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y sólo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa”.
Subrayó que de 558 entrevistas realizadas, 460 fueron hechas fuera de Venezuela, lo que significa 82% de las opiniones vertidas en el informe.
“Venezuela no niega sus problemas, pero cualquier esfuerzo serio por abordarlos debe considerar las causas estructurales… Exigimos la corrección de su contenido [del informe] e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su Oficina´”, puntualizó el vicecanciller.
No obstante, aseguró que, tal y como le dijo el presidente Nicolas Maduro, “Venezuela atenderá las recomendaciones constructivas que usted haga con miras a fortalecer los derechos humanos y apuntalar el estado social de derechos y justicia”.
Por su parte, el presidente de Acción Solidaria, una agrupación de más de 200 ONG de derechos humanos, aplaudió el informe, diciendo que los venezolanos sólo cuentan con las instituciones internacionales para obtener la protección y la justicia de la que carecen en el país.
“Es preciso detener y corregir ya las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela porque la emergencia va a empeorar. El gobierno de Maduro ha demostrado que no quiere y ya no tiene la capacidad para resolver este drama humano que se desarrolla a la vista de la comunidad internacional”.
Feliciano José Reyna Ganteaume solicitó al Consejo de Derechos Humanos designar una comisión internacional de investigación de los abusos de esas garantías que establezca las responsabilidades e impida la impunidad.
Asimismo, exhortó a los Estados de acogida de migrantes y refugiados venezolanos a unificar políticas y prácticas que les brinden protección internacional real, y pidió acelerar una solución política a la crisis venezolana por medio de la articulación de esfuerzos nacionales e internacionales.
Reyna también instó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a que implemente los acuerdos hechos con la Oficina de la Alta Comisionada y abrir el espacio humanitario para responder a la emergencia que vive el país.
— NNN-UNIS
