NACIONES UNIDAS, 20 de junio (NNN-UNIS) — El reportero saudita Jamal Khashoggi fue víctima de una ejecución extrajudicial premeditada, de la que es responsable el Estado de Arabia Saudita.
Eso asegura un informe publicado el miércoles por una relatora especial, que hace una serie de recomendaciones a varios Estados, y entidades de las Naciones Unidas, entre ellas al Secretario General, para que se abra una investigación internacional que lleve a los autores ante un tribunal.
Tras una investigación de seis meses, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha emitido sus conclusiones sobre el asesinato del periodista Amal Khashoggi el pasado mes de octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. En su informe, Agnes Callamard ha analizado pruebas basadas en el derecho internacional sobre derechos humanos y considerado medidas que podrían haber evitado su asesinato.
Las circunstancias de la muerte de Khashoggi han conducido a numerosas teorías y acusaciones, pero ninguna altera la responsabilidad del Estado de Arabia Saudita.
“Las circunstancias de la muerte de Khashoggi han conducido a numerosas teorías y acusaciones, pero ninguna altera la responsabilidad del Estado de Arabia Saudita”, se lee en el informe. “Agentes del estado saudita, 15 concretamente, actuaron bajo la cobertura oficial de su Estado y utilizaron medios estatales para ejecutar” al periodista y columnista de opinión, que trabajaba para el diario Washington Post en el momento de su muerte, y era crítico del actual Gobierno de Riad.
“Su asesinato fue el resultado de una planificación elaborada que involucró una amplia coordinación e importantes recursos humanos y financieros. Fue supervisado, planificado y respaldado por funcionarios de alto nivel. Fue premeditado”, se lee en el informe.
Violaciones del derecho internacional
El informe cita seis violaciones del derecho internacional:
• La prohibición contra la privación arbitraria de la vida, un principio fundamental del derecho internacional
• La prohibición contra el uso extraterritorial de la fuerza tal como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas
• El requisito de que los estados usen misiones consulares para propósitos oficiales
• La prohibición contra la tortura, en los términos de la Convención contra la Tortura, ratificada por Arabia Saudita
• La prohibición contra la desaparición forzada
• Al matar a un periodista, el Estado de Arabia Saudita cometió un acto incompatible con un principio fundamental de las Naciones Unidas, la protección de la libertad de expresión
“El asesinato de Khashoggi constituye, por lo tanto, un crimen internacional sobre el cual otros Estados deberían reclamar la jurisdicción universal. Hago un llamamiento a esos Estados para que tomen las medidas necesarias encaminadas a establecer su competencia con la que ejercer su jurisdicción en virtud del derecho internacional sobre el delito de ejecución extrajudicial”, dijo Callamard.
La relatora especial también determinó que existen pruebas creíbles, lo que justifica una investigación adicional, de la responsabilidad individual de los funcionarios saudíes de alto nivel, incluida la del príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán.
Otras violaciones
Tras la ejecución de Khashoggi, el informe señala que Arabia Saudita tomó medidas tímidas para cumplir con sus obligaciones, pero que se han producido cuatro violaciones más:
• La de la responsabilidad de investigar, de manera efectiva, transparente y de buena fe
• La del deber de cooperación internacional en la investigación de una muerte ilegal
• La de garantizar un juicio justo
• Y la relacionada con la obligación de no repetición
Recomendaciones
Callamard llamó al Consejo de Derechos Humanos, al Consejo de Seguridad y al Secretario General de las Naciones Unidas para que abran una investigación penal internacional con el fin de determinar las responsabilidades individuales de este caso e identificar opciones para la rendición de cuentas ante un tribunal.
El asesinato de Khashoggi constituye, por lo tanto, un crimen internacional sobre el cual otros Estados deberían reclamar la jurisdicción universal.
El informe indicó que era preocupante que, hasta la fecha, la ejecución de Khashoggi hubiera tenido tan pocas respuestas internacionales efectivas, ya sean legales, políticas o diplomáticas, aunque varios Estados habían emitido sanciones específicas contra funcionarios saudíes.
Estas sanciones “deben continuar”, dijo la experta, que añadió: “Son importantes pero insuficientes. El delito cometido fue un asesinato del Estado. Estas sanciones en particular contra 17 o más individuos actúan como cortinas de humo, desviando la atención de la responsabilidad del Estado”, se lee en el informe. “Las sanciones actuales tampoco abordan las cuestiones centrales de la cadena de mando y las responsabilidades de los altos directivos y las relacionadas con la ejecución”.
El informe también pide a Arabia Saudita que libere a todos los individuos encarcelados por la expresión pacífica de su opinión y creencia; y realizar una evaluación en profundidad de los actores, instituciones y circunstancias que hicieron posible la ejecución del periodista.
El documento incluye, además, una serie de recomendaciones dirigidas a Turquía y los Estados Unidos, a quien dice que el FBI debe abrir una investigación, así como a los Estados miembros en general y a los actores corporativos. Además, recomienda el establecimiento de nuevos mecanismos a nivel de la ONU para fortalecer la prevención y la investigación criminal de los asesinatos selectivos.
Finalmente, la relatora especial muestra su agradecimiento al Gobierno de Turquía por su buena voluntad y cooperación.
El Secretario General no tiene poder para abrir investigación
Preguntado en rueda de prensa en Nueva York, el portavoz del Secretario General afirmó que António Guterres “considerará por completo las recomendaciones relacionadas con la protección de los periodistas de la que es un firme defensor”.
Con respeto a la muerte de Khassoggi, Stephane Dujarric recordó que el Secretario General cree que fue “un crimen horrendo que sobrecogió al mundo” y añadió que, desde que surgió el primer informe, “lo ha condenado claramente y ha pedido una completa, transparente e inmediata investigación”, así como por la rendición de cuentas de los responsables.
Sin embargo, recordó que el titular de la ONU “no tiene el poder ni la autoridad para lanzar investigaciones criminales sin un mandato de una entidad intergubernamental. El poder y la autoridad para hacerlo descansa en los Estados miembros de la ONU. Si una completa investigación no es lanzada por los Estados, el único modo de abrir una investigación que requiera la colaboración efectiva de algunos Estados sería a través de una resolución del Consejo de Seguridad bajo las adecuadas provisiones de la Carta”.
— NNN-UNIS
