NACIONES UNIDAS, 5 de junio (NNN-UNIS) — Dimar Torres Arévalo, un miembro desmovilizado de las FARC, fue hallado muerto a las afueras de un campamento de la Armada Nacional en el norte de Santander el pasado 22 de abril. Los expertos de la ONU condenaron los ataques contra los excombatientes e instaron a que se respete el proceso de paz en Colombia.
Expertos de la ONU en desapariciones forzadas denunciaron el reciente asesinato de Dimar Torres Arévalo, un miembro desmovilizado de las FARC, hallado muerto a las afueras de un campamento de la Armada Nacional en el norte de Santander, en lo que consideran se trataría de una ejecución extrajudicial.
“Este atentado es un desafío para el proceso de paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes que deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia”, expresaron en un comunicado.
Según las denuncias recibidas, integrantes de la comunidad de Torres Arévalo dijeron que, al ser consultados, los soldados que están destinados en la zona negaron conocer el paradero del exguerrillero. Sin embargo, se encontraron cerca del lugar de su desaparición tres palas y una fosa recién cavada, presuntamente con la intención de ocultar el cadáver.
Torres se había incorporado al proceso formal de reinserción como parte de la implementación del acuerdo de paz.
Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares.
Los expertos llamaron a las autoridades colombianas a que protejan los derechos y las libertades de los excombatientes y sus familias, ahora que se encuentran en su transición a la vida civil, y pidieron investigaciones justas e imparciales sobre los asesinatos y actos de agresión e intimidación por parte de las fuerzas armadas nacionales u otros grupos armados.
“Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad. Es importante para la protección de estas personas y sus familias que estos autores sean llevados ante la justicia”, dijeron.
Asimismo, los expertos recalcaron que ignorar las garantías prometidas a los excombatientes aumenta la posibilidad de que abandonen el proceso de paz y se unan a grupos disidentes o vuelvan a tomar las armas para protegerse a sí mismos.
“El aparente desprecio de sus garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz”, concluyeron.
— NNN-UNIS
