NACIONES UNIDAS, 24 de mayo (NNN-UNIS) — Un anteproyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa busca que se suspendan las penas de prisión para los autores confesos de crímenes perpetrados durante el conflicto armado, y reemplazarlas con servicios comunitarios. Para la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, esto beneficia de forma indebida a los responsables materiales e intelectuales de crímenes de lesa humanidad.
El Anteproyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa del El Salvador, contiene una serie de disposiciones que podría traducirse en una amnistía de facto, advirtió Michelle Bachelet .
La Alta Comisionada aseguró en un comunicado que “tales disposiciones benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales, como a los autores intelectuales y a los altos mandos que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tales como ejecuciones extrajudiciales de niños, mujeres y ancianos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras violaciones de derecho internacional”.
El anteproyecto de ley presentado recientemente toma como base principal el trabajo de una Comisión que fue seriamente cuestionada debido a que algunos de sus miembros estuvieron involucrados en el conflicto armado y por la falta de transparencia y participación de las víctimas durante su formación.
Es preocupante que el nuevo anteproyecto de ley se base en los resultados del trabajo de esta Comisión, sin que se integre verdaderamente la perspectiva de las víctimas.
Esta Comisión se conformó en respuesta a una sentencia de la Corte Suprema, que en julio de 2016, declaró como inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de 1993 y pidió a la Asamblea Legislativa la redacción de una nueva Ley de Reconciliación Nacional.
“Es preocupante que el nuevo anteproyecto de ley se base en los resultados del trabajo de esta Comisión, sin que se integre verdaderamente la perspectiva de las víctimas, en particular de las que viven en comunidades rurales cuya voz no ha sido escuchada hasta ahora, y de quienes han vivido los efectos perniciosos del conflicto armado”, dijo Bachelet.
El proyecto de ley presentado busca que se suspendan las penas de prisión para los autores confesos de crímenes cometidos durante el conflicto y reemplazar los castigos con servicios comunitarios.
Recientemente el relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición aseguró en otro comunicado que las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros.
Además, la impunidad en relación con estos delitos puede contribuir a su repetición y a la creación de círculos viciosos de violencia, como ocurre actualmente en el país.
Según la Oficina de la Alta Comisionada, el anteproyecto contiene otras disposiciones preocupantes. Entre ellas, permite atribuir la responsabilidad penal solamente a quienes participaron directamente en los hechos, lo cual impediría investigar y sancionar a los autores intelectuales y a todos los miembros de las cadenas de mando que ordenaron las atrocidades.
Michelle Bachelet saludó el hecho de que la Sub-Comisión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa haya recibido a representantes de organizaciones de sociedad civil integradas en la Mesa contra la Impunidad.
La propuesta alternativa de esta Mesa – la Ley de Reparación Integral y Acceso a la Justicia – intenta recoger la visión de las víctimas y está en consonancia con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
“Espero que estos insumos, así como los otros que podrían llegar de un proceso amplio de consulta a nivel central, local y comunitario, puedan orientar a las y los diputados, evitando disposiciones que contravienen el derecho internacional o que puedan menoscabar la búsqueda incesante de justicia de las personas que todavía hoy sufren las secuelas de las atrocidades vividas durante el conflicto”, aseguró la Alta Comisionada.
Bachelet instó a las instituciones competentes a reflexionar profundamente sobre los importantes progresos en materia de justicia transicional en El Salvador y la importancia de seguir avanzando hacia la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como condiciones para la reconciliación nacional.
“Mi Oficina reitera su ofrecimiento de proporcionar asistencia técnica a la Asamblea Legislativa y a otras instituciones para este fin”, concluyó.
— NNN-UNIS
