QUITO, 31 mar (NNN-ANDINA) — El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador resolvió el pasado viernes que la suspensión por dos años de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad la inhabilita inmediatamente para desempeñar cualquier cargo público.
La decisión, aprobada con tres votos a favor y dos en contra, responde a un pedido de aclaración de la defensa de Abad sobre un fallo de segunda instancia emitido el lunes pasado. Esto le impide asumir temporalmente la Presidencia durante la campaña electoral en la que el presidente Daniel Noboa busca la reelección.
Abad, quien mantiene un duro enfrentamiento con Noboa, argumenta que la suspensión de sus derechos políticos no debería afectar las funciones del cargo para el que fue electa democráticamente. Sostiene que cualquier inhabilitación o destitución debe ser decidida por la Asamblea Nacional (Parlamento).
La vicepresidenta fue sancionada por el TCE con una multa de USD 14,000 y la suspensión de sus derechos políticos por dos años, tras una contrademanda por violencia política de género presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld.
Inicialmente, Abad había denunciado a Noboa y a varios funcionarios, incluida Sommerfeld, por violencia política de género, acusando al mandatario de orquestar una campaña para forzar su renuncia y evitar que ella asumiera la Presidencia durante la campaña. Sin embargo, el TCE desestimó su demanda y dio lugar a la contrademanda en su contra.
El juez Fernando Muñoz, uno de los votos disidentes, argumentó que la Constitución no permite la destitución del presidente o vicepresidente fuera de un proceso en la Asamblea Nacional.
Mientras tanto, Abad, quien se desempeñaba como consejera comercial en Turquía por designación de Noboa, ha viajado a Ginebra y París para presentar su caso ante organismos internacionales.
La relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, expresó su “preocupación” por la sanción contra Abad, señalando que se basó en una “interpretación extensiva” de la legislación electoral sin demostrar “violencia real, daño efectivo o afectación a sus funciones”.
En un acto de campaña, Noboa calificó a Abad como “una traidora que ya está destituida”. El presidente no ha solicitado licencia para hacer campaña, pese a que la normativa exige que funcionarios en busca de reelección deleguen el cargo.
Noboa argumenta que su postulación para el período 2025-2029 no constituye una reelección inmediata, ya que ganó en elecciones extraordinarias (2023) para completar el mandato de Guillermo Lasso (2021-2025).
Durante la primera vuelta, Noboa evitó pedir licencia y delegó funciones en Cynthia Gellibert, secretaria de Administración Pública, como “vicepresidenta encargada”. Aunque la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta medida, las autoridades electorales no han determinado si incurrió en una infracción.
La pugna entre Noboa y Abad se remonta a la segunda vuelta de las elecciones de 2023. Desde entonces, el mandatario ha buscado marginarla del gobierno, mientras ella se ha convertido en una de sus principales críticas.
El 13 de abril, más de 13.7 millones de ecuatorianos decidirán si reeligen a Noboa o si el correísmo retoma el poder con Luisa González, quien podría convertirse en la primera mujer presidenta del país.
— NNN-ANDINA