SAN SALVADOR, 26 mar (NNN-TELESUR) — Ciudadanos se concentraron en la ciudad de San Salvador, capital del país para reiterar su rechazo total contra la explotación minera, impulsada por el presidente Nayib Bukele y secundada por la Asamblea Legislativa, por el impacto nocivo de dicha actividad sobre el medioambiente.
Los manifestantes portaron carteles con frases como «Sí a la vida, no a la minería» y «Sin oro se vive, sin agua se muere», para manifestar rechazo a la minería y algunos tenían pañuelos, máscaras y anteojos para cubrir su rostro.
Los movilizados marcharon hasta las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia para presentar una demanda de inconstitucionalidad acompañada de la entrega de más de 150 mil firmas de la población que considera que la minería va en contra de la vida, del derecho humano a la vida, el derecho humano al agua, el derecho humano a un medioambiente sano y el derecho a la alimentación.
En la jornada se divulgó un estudio del Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad de El Salvador sobre el tema de la minería en el espacio. El muestreo reflejó que seis de cada 10 personas consultadas está de acuerdo con las protestas y las marchas, aunque en general sean simpatizantes del gobierno.
Un 43.8% de los entrevistados opinó que antes de tomar acción en diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa debió someter a debate popular el asunto, mientras el 37.2% consideró que no se debe aprobar la minería.
En respuesta a otra interrogante sobre cómo debía manifestarse el presidente Nayib Bukele, el 41.1% señaló que debía propiciar un diálogo nacional y el 41.2% manifestó que debía desistir de la propuesta y derogar la ley aprobada por la Asamblea. Esto frente a solo un 6.3% que apoyó la iniciativa gubernamental de minería.
Otra respuesta de los consultados abordó a quién beneficia la normativa y el resultado mostró que el 42.4% se inclinó por las empresas, el 37% por el estado y apenas el 6.2% por la población.
Las organizaciones ambientalistas de El Salvador estiman que la explotación minera afectaría a unas 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión, por lo que consideran que el impacto de la minería podría ser devastador.
Además, la falta de beneficios claros para la población y la ausencia de estudios técnicos que respalden las afirmaciones gubernamentales sobre los yacimientos de oro han generado desconfianza y rechazo generalizado.
En este contexto, la presentación de la demanda de inconstitucionalidad es un paso crucial para revertir lo que muchos ven como un retroceso en la protección ambiental y social del país. La esperanza es que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la ley y se reactive la prohibición a la minería metálica, protegiendo así los derechos humanos fundamentales a la vida, el agua y un medio ambiente sano.
— NNN-TELESUR
