NACIONES UNIDAS, 14 mar (NNN-UNIS) — Las mujeres enfrentan una creciente incidencia de la violencia en los entornos digitales, la cual es una violación de los derechos humanos que perpetúa las desigualdades de género y limita la plena participación de las mujeres en las sociedades democráticas.
El evento (organizado por el Gobierno de España) *Violencia Digital Contra las Mujeres: Hacia Políticas y Alianzas Transformadoras en el Marco de Beijing+30, realizado el miércoles en la sede de las Naciones Unidas, presenta soluciones como la implementación de políticas públicas efectivas, la alfabetización digital y la cooperación internacional para crear entornos digitales seguros e igualitarios para las mujeres.
Según una investigación presentada en el evento existen cinco tipos de violencia de género digital: la subestimación de capacidades, con un 12% de comentarios en redes sociales basados en esto, los ataques por afiliación política y compromiso cívico (11%), los comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad (2%), ataques a la identidad (1%), y tres amenazas directas por cada mujer.
Las soluciones a estos actos de violencia son: el fortalecimiento de los marcos normativos, la promoción de la educación digital con perspectiva de género, la mejora del acceso a la justicia y la exigencia de una responsabilidad a plataformas digitales y Estados.
Ana Redondo, ministra de Igualdad de España y Presidencia de la Iniciativa (IIPPEVCM), explicó las dificultades a las que la igualdad de género se ha enfrentado con el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la situación de “realidad alternativa” en las redes sociales que está “exenta de controles”.
Cuando las redes sociales afectan la vida real se corre el riego de no proteger los derechos y libertades de las mujeres, quienes se ven afectadas por la violencia digital. Para afrontar este problema es necesario conseguir un compromiso a multinivel entre los ciudadanos, que deben exigir sus derechos en la vida real y en las redes sociales, los estados y de las instituciones, que deben crear acuerdos amplios y globales para enfrentarse al problema.
Además, se deben crear leyes específicas que eviten el anonimato en redes sociales, establecer mecanismos de control judicial y promover la colaboración público-privada.
Mayra Jiménez, ministra de la Mujer de República Dominicana, dijo que la violencia digital contra las mujeres en la política es una amenaza directa a la democracia y un factor que profundiza la polarización social.
Las campañas de violencia digital contra mujeres en la política, provocan ataques con mensajes de “mucho desaliento a otras mujeres”, que limitan el derecho a la representación y “debilitan el pluralismo político que tanto hace falta para contar con una democracia robusta”.
La violencia política en redes es uno de los principales obstáculos que limita la participación en la política.
Según datos expuestos por Jiménez, 8.43% de los mensajes que reciben las candidatas políticas contenían violencia de manera explícita, que “refuerza la idea de que las mujeres no debemos estar en la esfera pública”. Además, el 73% de los mensajes fueron enviados por hombres.
Anais Burgos, diputada al Congreso de la Unión de México, explicó la importancia de crear reformas que regulen la violencia digital y protejan a las mujeres.
La diputada le explicó a Noticias ONU sobre el efecto que tiene la violencia digital en la región, que: “Este es un tipo de violencia que no se ve, pero que deja huellas importantísimas porque te genera zozobra, discriminación, paranoia, miedo, ansiedad y todo eso se ve reflejado en tu propia salud mental y física”.
“Hoy nosotras tenemos un gran compromiso (…) para sancionar este tipo de violencia en todas sus formas”.
Además, explicó el nuevo problema que presenta la IA al no estar regulada en la región: “El compromiso es regularla para que, como en el caso de mi país, no haya niñas que son violentadas, y en el que no pueda ser castigado el violentado, porque no hay un marco normativo”.
Este problema también afecta específicamente a las mujeres que participan en la política, Burgo dijo que: “Nosotras cuando sufrimos este tipo de violencia, a veces pensamos en retirarnos de la política para ya no ser blanco de los ataques y de las violencias. Sin embargo, creo que las mujeres hemos aprendido a ser resistentes (…) porque, si me lo hacen a mí, que tengo voz pública, y lo puedo denunciar, ¿qué se espera una niña o una adolescente que no tiene este espacio de la esfera pública? Pues lo va a vivir de manera solitaria (…)”.
Burgos ha vivido la violencia digital en carne propia: “quienes se dedican a violentarme buscan hasta el último rincón y ocupan mis datos personales, ocupan mis relaciones familiares para atacarme, mi origen, mi color; me cosifican todos los días”.
Sin embargo, “vivirla me hace comprometerme a que tengo que hablarlo, tengo que visibilizarlo, tengo que denunciarlo. Pero ahora como legisladora, pues tengo que trabajar en ello”.
Marcela Hernández Oropa, forma parte del movimiento Ley Olimpia, además es fundadora de la Red de Defensoras Digitales.
La Ley Olimpia es un conjunto de reformas, y un movimiento social y político conformado por víctimas de violencia digital desde 2013, que incluye la prevención, la capacitación, y un conjunto de sanciones para que los agresores.
Por Juanita Herrera
— NNN-UNIS
