NACIONES UNIDAS, 23 ene (NNN-UNIS) — El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia y responsable de la Misión de Verificación condenó el miércoles ante el Consejo de Seguridad los asesinatos perpetuados desde finales de la semana pasada en la región del Catatumbo, al noreste del país.
Carlos Ruiz Massieu señaló que, según numerosos informes, muchas de las víctimas fueron atacadas y asesinadas individualmente. Entre las decenas de muertos se encuentran signatarios del Acuerdo de Paz y excombatientes, así como dirigentes locales y miembros de comunidades.
Sus declaraciones sucedieron a la condena por parte del secretario general, António Guterres, quien hizo un llamado al cese inmediato de los actos de violencia contra la población civil y a un acceso humanitario sin restricciones en un comunicado emitido por su portavoz a última hora del martes.
“Miles de personas han sido desplazadas y la sociedad civil de la región y del país ha hecho un llamamiento para que se ponga fin de inmediato a la matanza”, prosiguió Massieu en el Consejo de Seguridad.
El responsable de la Misión también informó sobre la decisión del presidente del país, Gustavo Petro, de suspender los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), viajar a la zona de la violencia y movilizar a los organismos gubernamentales para ayudar a los afectados.
Massieu reiteró el llamamiento a que los grupos armados cesen toda acción que ponga en riesgo a la población civil y permitan el acceso sin trabas del personal de respuesta humanitaria.
En este sentido, indicó que los equipos locales de la Misión han ayudado a evacuar de las zonas de enfrentamiento a las personas en situación de riesgo, incluidos los excombatientes, y otros trabajadores humanitarios de las Naciones Unidas están ofreciendo su apoyo a la población afectada.
Massieu indicó que el derramamiento de sangre, resultado de un ataque del ELN en una zona de presencia de un grupo armado rival conocido como EMBF, forma parte de la continua confrontación entre grupos armados en diversas zonas del país donde la presencia del Estado es limitada y donde compiten por el control de economías ilegales.
“El Catatumbo es como muchas regiones de Colombia que aún esperan los dividendos del Acuerdo de Paz de 2016 en términos de una presencia integral del Estado que traiga servicios públicos, economías legales, oportunidades de desarrollo y seguridad”, señaló al respecto.
Reiteró que la implementación del Acuerdo de Paz es fundamental para encontrar “soluciones duraderas que prevengan y resuelvan las causas del conflicto armado”.
Por ello, expresó su satisfacción por la reciente garantía del presidente de que se protegerán los presupuestos destinados al convenio, “a pesar del complejo clima financiero que atraviesa actualmente el país”.
Massieu insistió en que la financiación será igualmente esencial para la adjudicación y formalización de tierras.
Por otra parte, el responsable de la Misión reconoció los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluyendo las imputaciones a 158 individuos considerados como máximos responsables por graves crímenes cometidos durante el conflicto.
Sin embargo, calificó como “preocupantes” los desacuerdos entre la Jurisdicción y los firmantes de paz en cuanto los tiempos y el alcance de sus procedimientos, añadiendo que es fundamental continuar el diálogo y encontrar soluciones que permitan satisfacer los derechos de las víctimas y garantizar la seguridad jurídica de los participantes en el proceso.
Diego Tovar, representante de la Alta Parte Contratante ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, interviene en la reunión del Consejo de Seguridad sobre Colombia.
A continuación, intervino el excombatiente de las FARC-EP y firmante del Acuerdo, Diego Tovar, quien se refirió a los últimos acontecimientos en Catatumbo como “la crisis humanitaria más grande que sufrimos en Colombia desde que firmamos el Acuerdo de Paz” y advirtió que amenaza con extenderse a otras regiones.
Tovar especificó que, en los últimos seis días, más de 80 personas han sido asesinadas, un centenar fueron secuestradas y más de 30.000 han sido desplazadas.
“Siguen siendo las comunidades y pueblos étnicos, las mujeres, las comunidades campesinas y los firmantes, los más afectados por la reconfiguración de actores armados, todos ellos en diálogo con el Gobierno”, dijo al Consejo, recordando que, según datos de las Naciones Unidas, la impunidad de los asesinatos de los firmantes se mantiene en el 90%.
“En cualquier proceso de diálogo, se debe garantizar la seguridad de la población civil”, prosiguió Tovar, quien insistió en que falta coordinación institucional y financiación para implementar correctamente la política de Paz Total.
El signatario también hizo referencia al Plan de Respuesta Rápida del Gobierno, el cual fue establecido para impulsar la coordinación institucional, y señaló que no ha producido los resultados que se anunciaron.
— NNN-UNIS
