LA PAZ, 24 oct (NNN-TELESUR) — Organizaciones bolivianas continúan el bloqueo de carreteras, que se extiende ya por su décima jornada, en el décimo día del bloqueo, y aseguran que no “habrá marcha atrás” en su exigencia a las diversas demandas al Gobierno.
En este sentido, el secretario general de la Confederación Única de Campesinos, afín al expresidente boliviano Evo Morales, y miembro del Estado Mayor del Pueblo, Humberto Claros, refirió que el bloqueo se mantiene hasta que se resuelvan las demandas.
“Esta es la última batalla final hasta que el presidente Luis Arce resuelva el problema o renuncie”, dijo.
Sin embargo, el mandatario boliviano sostuvo el martes, durante su discurso por el 24 aniversario de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Tarija «Bartolina Sisa», que los bloqueos perjudican a la población, el libre tránsito y aumentan los costos para transportar y distribuir alimentos.
«Hemos estado avanzando en varios desbloqueos de Cochabamba y lo vamos a seguir haciendo, porque el pueblo boliviano nos lo está pidiendo. Y nosotros, gradualmente, vamos a ir a desbloquear gradualmente todo eso, hermanas y hermanos», indicó.
Según las autoridades bolivianas, al menos 20 puntos de bloqueo se contabilizan, mayormente, en el departamento de Cochabamba.
También el martes, cuando se cumplió el noveno día de la movilización, Evo Morales emitió un comunicado donde refirió que “de la gran Marcha para Salvar Bolivia pasamos hacia una Agenda para Salvar Bolivia”.
El texto insiste en medidas concretas, entre ellas garantizar la disponibilidad libre de divisas, apoyar el sistema financiero a los prestatarios del país, abrogar decretos que vulneran la propiedad y patrimonio personal, así como la transparencia sobre la situación de las reservas internacionales.
De igual manera, se exige la regulación en la aplicación de protocolos para el uso de biotecnología, acelerar la industrialización del litio para garantizar recursos fiscales para el Estado, la gestión de acceso a créditos productivos con tasas de interés baja y el rechazo al referéndum inconstitucional e ilegítimo.
Por otra parte, insisten en el “respeto y reconocimiento al Congreso del MAS-IPSP que se desarrolló en la localidad de Lauca N, Cochabamba, el respeto a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa y otros órganos del Estado, así como el respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
“Respeto a las organizaciones sindicales legítimas y que se detenga la criminalización del movimiento indígena y campesino”, aseguró el documento, que también insiste en que esa movilización pacífica ha sido criminalizada por parte del Gobierno.
— NNN-TELESUR
