NACIONES UNIDAS, 9 sep (NNN-UNIS) — Los principales investigadores de los derechos humanos en la brutal guerra de Sudán pidieron el viernes un embargo de armas en todo el país, asegurando que las partes beligerantes han cometido terribles violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales, muchos de los cuales pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Los investigadores también instaron al establecimiento de una fuerza de mantenimiento de la paz, ya sea dirigida por la ONU o por un organismo regional.
“Desde mediados de abril de 2023, el conflicto en Sudán se ha extendido a 14 de los 18 estados, afectando a todo el país y a la región, dejando ocho millones de sudaneses desplazados internamente como consecuencia del conflicto, y más de dos millones obligados a huir a los países vecinos”, declaró el presidente de la Misión Internacional Independiente de Investigación para Sudán, Mohamed Chande Othman.
En su primer informe sobre la crisis tras su creación por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en octubre de 2023, el grupo insistió en que los ejércitos rivales, las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), así como sus respectivos aliados, eran responsables de ataques directos, indiscriminados y a gran escala, con ataques aéreos y bombardeos, contra civiles, escuelas, hospitales, redes de comunicación y suministros vitales de agua y electricidad, lo que indica un desprecio total por la protección de los no combatientes.
Los tres expertos independientes en derechos humanos que dirigieron los trabajos de la misión: Mohamed Chande Othman (presidente), Joy Ngozi Ezeilo y Mona Rishmawi, subrayaron que la responsabilidad de las graves violaciones recaía en “ambas partes y sus respectivos aliados”, y que muchas de ellas constituían crímenes internacionales.
“En particular, hemos constatado que tanto las FAS como las RSF llevaron a cabo hostilidades en zonas densamente pobladas, en particular mediante constantes ataques y bombardeos de artillería en diferentes ciudades, incluidas Jartum y diferentes ciudades de Darfur, entre otras”, atestiguó Rishmawi.
Aunque el Gobierno de Sudán se ha negado a cooperar con la Misión de Investigación tras rechazar su mandato, los investigadores han recogido testimonios de primera mano de 182 supervivientes, familiares y testigos presenciales. También se han llevado a cabo amplias consultas con expertos y activistas de la sociedad civil para corroborar y verificar otras pistas.
“Miembros de la RSF, en particular, han perpetrado actos de violencia sexual a gran escala en el contexto de ataques contra ciudades de la región de Darfur y la zona metropolitana de Jartum”, insistió Ezeilo. “Las víctimas relataron haber sido atacadas en sus casas, golpeadas, azotadas y amenazadas de muerte o de causar daños a sus familiares o hijos antes de ser violadas por más de un perpetrador. También fueron objeto de violencia sexual mientras buscaban refugio de los ataques o huían. Igualmente, encontramos pruebas de mujeres sometidas a esclavitud sexual tras ser secuestradas por miembros de RSF.”
El informe del grupo de expertos también ofreció información sobre “ataques a gran escala y de base étnica contra la población civil no árabe”, en particular contra el pueblo masalit en El Geneina, capital de Darfur Occidental, ciudad étnicamente diversa de unos 540.000 habitantes.
Poco después del estallido de la guerra, la RSF y las milicias aliadas atacaron la ciudad, matando a miles de personas, según los investigadores, con “horribles asaltos… torturas, violaciones” y la destrucción de propiedades y el pillaje como norma.
“Los hombres de masalit fueron sistemáticamente objeto de asesinatos”, continúa el informe de la Misión. “RSF y sus milicias aliadas iban puerta por puerta en los barrios de Masalit, buscando hombres y atacándolos brutalmente y matándolos, a veces delante de sus familias. Al parecer, abogados, médicos, defensores de los derechos humanos, académicos y líderes comunitarios y religiosos fueron objeto de ataques específicos. Los comandantes de la RSF dieron órdenes de “peinar la ciudad” y colocar puestos de control por toda la localidad”.
Destacando el fracaso del ejército sudanés a la hora de proteger a los civiles en las ciudades y en los campos para los desarraigados por la guerra, los expertos en derechos instaron a la comunidad internacional a ampliar el actual embargo de armas sobre los Darfur a todo el país. “Privar a las partes de armas y municiones, incluidos los nuevos suministros de municiones y armas, contribuirá a frenar el apetito de hostilidades”, aseveró Othman.
Los investigadores también instaron al establecimiento de una fuerza de mantenimiento de la paz por parte de la comunidad internacional, ya sea bajo la tutela de la ONU o de un organismo regional:
“Las Naciones Unidas pueden hacerlo, y en el país vecino, Sudán del Sur, existe un mandato para que las Naciones Unidas protejan a los civiles en determinados países”, afirmó Rishmawi. “Esto también se puede hacer, como sabemos, desde también la Unión Africana, por lo que las organizaciones regionales pueden realmente hacerlo”.
El colapso de la ley y el orden en Sudán es tal que los niños son ampliamente reclutados para participar en el conflicto, también, dijeron los investigadores. “Las FAS se movilizan y a veces lo hacen en las escuelas, pero sus fuerzas aliadas han estado reclutando niños y han estado utilizando niños en combate. Y ahí está la distinción que se encuentra en nuestro informe. Es mucho más sistemático y generalizado por parte de RSF”, señaló Rishmawi.
“Tiene que haber rendición de cuentas” por éste y otros crímenes, continuó, en un llamamiento a la creación de un tribunal especial para que los autores rindan cuentas por los graves crímenes que continúan cometiéndose en todo Sudán con total impunidad.
“Estas personas deben rendir cuentas. El hecho de que no rindieran cuentas en conflictos anteriores es lo que ha convertido al cuerpo de mujeres en lugar de operaciones de esta guerra. Esto tiene que acabar, y la única forma de acabar es que haya un mecanismo judicial internacional, porque no hay confianza”, afirmó.
— NNN-UNIS
