LIMA, 21 jun (NNN-CUBADEBATE) — La justicia peruana condenó el miércoles a 10 exmilitares por violar sexualmente a nueve adolescentes entre 1984 y 1994 en una zona de los Andes donde, en lugar de proteger a la población, cometían diversos abusos en medio del conflicto armado que desangró a Perú entre 1980 y 2000.
El juez Marco Angulo, de la primera sala penal superior, sentenció a 10 años de cárcel a siete exmilitares, ordenó doce años de prisión para otro, mientras que dos recibieron penas de ocho y seis años de cárcel.
Los crímenes también fueron considerados delitos de lesa humanidad por el juez, quien mantuvo en suspenso las condenas para otros tres que no se han presentado desde hace varios meses al proceso.
Angulo dijo que la ausencia de garantías constitucionales en el pueblo de Manta, región Huancavelica, donde se produjeron las violaciones, “convertía la posibilidad de denunciar los abusos sexuales en actos marginales y de nula atención”.
Las víctimas vivían en medio del rechazo social, que las obligaba “a llevar en el más absoluto desamparo el reclamo de sus derechos conculcados”, añadió.
“La decisión adoptada es un mensaje que se orienta a que se respeten los derechos fundamentales de las personas aún en las más duras crisis sociales que afronta la nación”, indicó el juez. La defensa de las víctimas y la fiscalía anunciaron que evaluarán la decisión para ver si impugnan.
La fiscalía pidió entre 18 y 20 años de cárcel para los militares acusados, tres de ellos eran oficiales y otra decena era personal de tropa durante la década en la que se cometieron los crímenes sexuales.
El proceso judicial sobre lo ocurrido en el pueblo de Manta, región Huancavelica, es el primero en Perú donde se juzga un caso grupal de víctimas de violencia sexual durante el conflicto que dejó a la población atrapada en medio del enfrentamiento de los militares y el grupo terrorista Sendero Luminoso.
El juez Angulo relató eventos específicos en que se produjeron las violaciones.
En ocasiones los crímenes sucedían cuando las adolescentes estaban ingresando a sus casas tras ser amenazadas con fusiles, o luego de ser detenidas y acusadas sin pruebas de formar parte de Sendero Luminoso.
Una víctima relató que aún tiene una cicatriz en la cadera luego de que un militar le cortara con un cuchillo su ropa íntima. Muchas de las violaciones se produjeron incluso dentro de la base militar que fue construida con adobes por los propios pobladores, obligados por los militares, y en la actualidad es una vivienda abandonada.
Angulo indicó que “un primer elemento fundamental para la comisión de los delitos sexuales en contra de las agraviadas fue la existencia de un contexto de sometimiento y terror”, y que, desde el momento del arribo de los militares a Manta en 1984, se instauró un contexto de “abuso contra la población civil en la que los militares tenían el control absoluto sobre la vida de la gente”.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el proceso, los habitantes de Manta tenían que pedir permiso al jefe de la base militar si querían salir del pueblo para realizar alguna actividad. También debían llevar leña o cocinar para los uniformados sin recibir pago por este trabajo. Sufrían en silencio el robo de sus animales o propiedades por parte de los militares, quienes podían quemar las casas o disparar causando heridas o muerte a hombres, mujeres o niños, sin rendir cuentas a nadie.
La investigación fiscal del caso comenzó en 2004, luego de que un informe de una Comisión de la Verdad sobre los hechos ocurridos durante la violencia política, publicado en 2003, dedicara un capítulo a lo ocurrido en Manta y concluyera que “la violencia sexual fue una práctica persistente y cotidiana” de la que fueron “los principales responsables los integrantes del Ejército destacados en las bases militares del lugar”.
“Han sido más militares que han violado a mujeres en Manta. Los casos que han quedado finalmente son aquellos donde se ha podido, con el paso del tiempo, identificar al agresor. Las nueve mujeres de este caso decidieron buscar justicia”, dijo a AP Cynthia Silva, abogada de tres víctimas y directora de la organización feminista no gubernamental Demus.
Silva recordó que debido a que las adolescentes quechuablantes no conocían el nombre de quienes las violaron, colocaron como apellidos de sus bebés apelativos como Tigre o Militar, con los que los soldados eran conocidos de forma pública en ese poblado.
La abogada dijo que varias víctimas en algún momento intentaron suicidarse, también “por la consecuencia del embarazo, que perpetúa la experiencia de violación a través de la experiencia de maternidad”.
Manta, ubicada en los Andes, a 3 727 metros de altitud, sigue siendo una zona remota de Perú, a la que se llega por una carretera y donde el transporte público pasa una sola vez por semana, conectando al pueblo con la ciudad de Huancayo, a más de 120 kilómetros.
Según la Comisión de la Verdad, las víctimas del conflicto, que duró 20 años, eran en su mayoría indígenas de los Andes y la Amazonía, y se calcula que dejó unos 70 000 muertos.
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