BUENOS AIRES, 12 jun (NNN-PRENSA LATINA) — Cientos de integrantes de organizaciones sociales, sindicales, políticas y defensoras de los derechos humanos comenzaron a llegar el miércoles a los alrededores del Congreso argentino para rechazar la llamada Ley Ómnibus.
Pese a un fuerte operativo de seguridad y la instalación de vallas alrededor de la sede legislativa, los manifestantes se congregan en plazas y aceras para exigir a los senadores que no aprueben ese proyecto.
Según el canal de televisión C5N, los debates en la Cámara alta y la movilización pudieran extenderse hasta horas de la noche.
El martes, tuvo lugar una vigilia convocada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien alertó sobre el peligro de aprobar un conjunto de normas concebidas para ceder este país a los intereses transnacionales.
En la manifestación participarán miembros de la Confederación General del Trabajo, La Cámpora, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la CTA Autónoma y el Frente Patria Grande.
También estarán representados el Frente de Izquierda, el de Universidades Nacionales, las Madres de Plaza de Mayo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), colectivos feministas, estudiantes, jubilados y representantes de pequeñas y medianas empresas, entre otros.
Integrantes de los gremios de Radio Nacional, la Televisión Pública, Correo y Aerolíneas Argentinas entregaron a los senadores un documento con más de un millón de firmas contra la privatización de esas entidades.
La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ómnibus) otorga facultades legislativas durante un año al presidente Javier Milei, bajo el pretexto de la declaración de una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Además, dispone la reforma del Estado, la privatización de empresas públicas, la modificación del sistema laboral y el previsional, entre otras medidas.
Asimismo, establece un proyecto de Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), el cual brinda beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios, regulatorios y ambientales para los grandes capitales, extranjeros en su mayoría.
Todo era peor de lo que se creía. Un país para pocos. Se viene más caída de la producción, desempleo creciente, aumento de la pobreza y mayor concentración del ingreso en pocos operadores. Esas son las verdaderas “bases” que quiere imponer el gobierno libertario, alertó el expresidente Alberto Fernández.
Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau señaló que “hoy puede quedar en la historia como el Día de la Infamia o la fecha en la que el pueblo salvó su futuro. Depende de 72 senadores y de la calle. A Milei, a los fondos de inversión transnacionales y a los grupos locales dominantes sólo les importa el RIGI”.
A su vez, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y legisladores como Anabel Fernández denunciaron que la senadora de Juntos por el Cambio Lucila Crexell pudiera haber aceptado votar la ley a cambio de su nombramiento como embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Su comportamiento podría encuadrar en la figura de cohecho. Este es un delito regulado en el artículo 419 del Código Penal que establece una pena de prisión de uno a seis años para aquellos que soliciten o acepten favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. No se puede descartar la compra de otras voluntades, indicó Aguiar.
— NNN-PRENSA LATINA
