MONTEVIDEO, 15 may (NNN-PRENSA LATINA) — La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó su absoluto rechazo a la recién aprobada Ley de Medios, que resolvió el oficialismo con el voto contrario de la bancada del Frente Amplio, trascendió el miércoles.
Según comunicado del gremio periodístico, la normativa “viola la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa, consagradas por la Constitución de la República y por convenios internacionales de larga data”.
En un comunicado la Asociación llama la atención sobre la votación apresurada en el Senado, sin respeto a “los tiempos políticos y de coordinación mínima entre partidos, lo que agrega otros componentes relativos a la convivencia democrática también muy preocupantes”.
Critica que la nueva ley tiene expresamente establecida la “obligación de los medios a brindar opiniones y comentarios de manera ‘seria’, ‘completa’ e ‘imparcial’ bajo pena de que el Estado los sancione”.
Asume que ello condiciona las expresiones que los ciudadanos realicen sobre partidos, políticos, y gobernantes, “lo cual constituye un ataque liso, llano y directo a la libertad de expresión”.
El texto apunta que la iniciativa legislativa se impone por una mayoría circunstancial en el contexto de “una campaña electoral que ya ha mostrado episodios inéditos y gravísimos”.
Aduce que la votación apresurada se explica por “intereses específicos de los partidos políticos integrantes de la coalición de gobierno asociados a la campaña electoral en la que estamos inmersos”.
La APU advierte que la norma “constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos.
La Asociación coincidió con un pronunciamiento previo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), que monitorea la libertad de prensa y expresión.
Al igual que la APU, el Centro afirmó que la ley aumentará la concentración y el blanqueo de la situación actual de varios grupos mediáticos.
También la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación, y la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias.
La organización recuerda los últimos datos de su informe sobre amenazas y restricciones a la libertad de expresión, publicado el 3 de mayo, que registró 59 casos entre el primero de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024, lo cual consideró preocupante en el marco de la actual campaña electoral.
— NNN-PRENSA LATINA
