BRASILIA, 18 abr (NNN-TELESUR) — El Gobierno brasileño lanzó un programa para acelerar el proceso de reforma agraria y regularizar los asentamientos rurales.
“Hay días que hay para comer, otros días que no”, relató Nilse Conceição, quien ingresó junto a 200 familias a una parcela ubicada en Campos dos Goytacazes, norte de Río de Janeiro, como parte de una jornada a nivel nacional que incluyó 24 ocupaciones similares en 11 estados del país.
“Hay días que voy a trabajar al campo y no llevo nada para comer, y así llevo la vida hasta que Dios se acuerde de mí, pero surgió esta oportunidad para tener un pedazo de tierra y estoy participando”, compartió con teleSUR la trabajadora de la tierra.
Sólo en este municipio existen 236.525 personas que, como Nilse, se encuentran en estado de vulnerabilidad social. Para el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la política de ocupación, asentamiento y producción de alimentos es la única solución posible para reducir la desigualdad social y la pobreza estructural del Brasil.
En este sentido, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el lunes el lanzamiento del programa “Tierra de la gente” que sistematiza alternativas legales para la obtención de tierras para la reforma agraria, además de formas tradicionales, para el aprovechamiento de áreas improductivas y la regularización de tierras públicas.
La iniciativa busca revertir la alta concentración de tierras en el Brasil que, según el último Censo Agropecuario del país, realizado en 2017, señala un aumento de los índices de concentración.
De acuerdo con esa investigación, cerca del 1 por ciento de los propietarios de tierra controlan casi el 50 por ciento del área rural del país, mientras que las áreas menores a diez hectáreas (cada hectárea equivale a una cancha de fútbol) representan la mitad de las propiedades rurales, pero controlan apenas el 2 por ciento del área total.
Este contraste en la propiedad de la tierra es señalado por el Instituto Tricontinental de Investigación Social como una de las principales contradicciones a superar por la nación brasileña, refiriendo que “de un lado está el agronegocio, con sus enormes extensiones de tierra para monocultivo que exigen la utilización de enormes cantidades de agrotóxicos en su producción, lo que llevó a Brasil a convertirse en el mayor consumidor de venenos agrícolas del mundo. Del otro está la agroecología, con la diversidad de producción de alimentos saludables en armonía con la naturaleza, y que incluye la totalidad de un sistema de producción, como las relaciones humanas, relaciones laborales, salud, cultura, ocio y educación”.
Para favorecer el acceso a la tierra, el ministro de Desarrollo Agrario, Paulo Teixeira, anunció la iniciativa antes mencionada, que prevé que unas 295.000 familias reciban un terreno para vivir, antes del 2026. Del total, 221.000 grupos familiares ya se encuentran reconocidos y en proceso de regularización en lotes de asentamiento existentes, mientras que el resto de los terrenos serán destinados a aquellos asentamientos aún no registrados.
El programa oficial tiene como meta sistematizar las “áreas disponibles” en el país para ser incluidas en el Programa Nacional de Reforma Agraria (PNRA). En ese sentido, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) tiene un presupuesto para el corriente año de 520 millones de reales (casi 100 millones de dólares) destinados a la titulación de tierras, ya sea mediante expropiación o compra directa.
Durante la presentación del programa, el presidente Lula calificó la iniciativa como “una nueva manera de afrontar un viejo problema”, y afirmó que la búsqueda es acelerar la reforma agraria prevista por la Constitución por medios no conflictivos.
“Esto no invalida la continuidad de la lucha por la reforma agraria, pero lo que queremos hacer, a los ojos de Brasil, es lo que podemos hacer sin mucha confrontación. Sin que ello sea comprendido por nadie como un llamado a dejar de luchar”, añadió el mandatario.
Las tomas de tierras del lunes forman parte de una estrategia del MST para visibilizar la importancia de la reforma agraria para combatir el hambre.
Bajo el lema “Ocupar para alimentar al Brasil”, la jornada es realizada durante el mes en que se conmemora el asesinato por parte de la policía militar de 21 campesinos sin tierra en la Masacre de Eldorado do Carajás, ocurrida en el estado de Pará en 1996. Por estos hechos, se considera el 17 de abril como el Día Internacional de la Lucha Campesina.
En una carta difundida por el MST a propósito de la fecha, la organización campesina manifestó que “luchamos, porque 105.000 familias están en campamentos y exigimos al Gobierno Federal cumplir con el artículo 184 de la Constitución Federal, expropiar el latifundio improductivo y democratizar el acceso a la tierra, asentando a todo aquel que quiera trabajar y producir alimentos para el pueblo”.
“Luchamos por la reforma agraria para que la tierra cumpla su función social: producir alimentos saludables para el pueblo brasileño y cuidar la naturaleza”, expresa en el documento.
La lucha entre el latifundio rico y el campesinado pobre acompaña la historia de Brasil, incluso antes de su surgimiento como nación.
Se estima que de los 2,5 millones de indígenas que vivían antes de la llegada de los colonizadores portugueses en el actual territorio brasileño, sobrevivió menos del 10 por ciento hasta los años 1600. La situación con la población negra no fue diferente. En total, cerca de 4,9 millones de personas fueron extraídas de territorios de África y llevadas como esclavas a Brasil en un trágico proceso de diáspora.
Como respuesta, ya en las primeras décadas del siglo XIX, negros, indígenas y campesinos protagonizaron luchas y revueltas contra los terratenientes y a lo largo del siglo XX esas experiencias fueron madurando y ganando formas organizativas más sólidas.
Esta tradición de lucha por la tierra se consagró en la actual Constitución brasileña, aprobada en 1988 una vez finalizada la dictadura empresarial-militar, y que incorporó en su redacción la Reforma Agraria.
Las ocupaciones de tierra se convirtieron en el principal instrumento de lucha del MST. Después de la ocupación, se crea el campamento. Después de la conquista de la tierra, las familias reciben los lotes y se constituye el asentamiento.
El artículo 184 de la Constitución vigente establece que las propiedades agrícolas deben cumplir una función social, deben ser productivas y respetar los derechos laborales y ambientales y, en caso de no cumplir estos criterios, pueden ser expropiadas para la reforma agraria por el Estado, responsable de indemnizar a el o los propietarios y de asentar a las familias sin tierras en estas áreas, que pasan a ser propiedad pública.
Sin embargo, tanto por la utilización de grupos de choques paramilitares, como a través de las fuerzas de seguridad estaduales, los latifundistas se resisten al avance de la democratización de la tierra. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, sólo en el año 2022, al menos 47 personas perdieron la vida en conflictos agrarios y fueron registrados 2.018 incidentes vinculados a la lucha campesinas en los cuales estuvieron involucradas 909.450 personas.
Más allá de eso, a lo largo de sus cuatro décadas de existencia, el MST manifiesta haber logrado ayudar a que 450.000 familias tengan sus tierras, a partir de la transformación en asentamientos de la reforma agraria, donde se producen alimentos para cientos de miles de personas de manera agroecológica.
— NNN-TELESUR
