NACIONES UNIDAS, 10 abr (NNN-UNIS) — Asimismo, el titular de la ONU hace un llamamiento a dar prioridad al diálogo para resolver las diferencias entre las partes involucradas, señalando que una implementación exitosa podría convertirse en un estándar para medir los procesos de paz actuales y futuros a nivel mundial.
En el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el secretario general hizo un llamamiento a dar prioridad al diálogo para resolver las diferencias y señaló que se requieren “acciones más rápidas” para que todas las partes involucradas, incluyendo las víctimas, las comunidades rurales, los pueblos étnicos y los excombatientes “comiencen a sentir de manera más tangible el impacto positivo de algunas de las disposiciones clave del Acuerdo”.
“La implementación exitosa del Acuerdo de Paz tiene el potencial de establecer un estándar con respecto al cual se medirán los procesos de paz actuales y futuros, tanto en Colombia como a nivel internacional”, añade António Guterres.
El documento, presentado este martes en el Consejo de Seguridad por el responsable de la Misión, Carlos Ruiz Massieu, abarca el período entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo de 2024.
En la presentación, Ruiz Massieu hizo referencia al sistema de justicia transicional establecido en el Acuerdo, y destacó el mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz, enfocado en investigar los casos “más representativos” del conflicto, los patrones asociados a los crímenes más graves, así como en sancionar a sus máximos responsables.
En este sentido, saludó que la Jurisdicción esté cerca de emitir sus primeras sanciones. “Las víctimas requieren que esto se realice sin mayor dilación”, dijo, y se hizo eco del llamado del secretario general a todos los actores involucrados “para propiciar las mejores condiciones posibles (…) a través de un diálogo constructivo, a fin de superar obstáculos y encontrar soluciones dentro del marco del Acuerdo”.
El secretario general lamentó el asesinato de diez excombatientes en el trimestre, lo que supone un total de 416 homicidios de excombatientes desde la firma del Acuerdo.
En este sentido, Ruiz Massieu hizo un llamado al Gobierno para que concluya los instrumentos legales que permitan la implementación del Programa y el Sistema de Reincorporación, con el fin de consolidar la transición de los excombatientes a la vida civil.
También destacó que comunidades enteras, incluyendo líderes sociales, indígenas y afrocolombianos, “siguen sufriendo todo el impacto de la violencia persistente y de la limitada presencia de las instituciones del Estado en varias regiones”. Añadió que la elección el mes pasado de una nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, brinda la oportunidad de investigar y procesar “con renovado vigor” a los responsables.
El secretario general felicitó al Gobierno y al Ejército de Liberación Nacional por los logros alcanzados hasta ahora en la mesa de negociaciones, “un proceso que ha avanzado más que cualquier otro intento anterior entre ambos” e hizo un llamado para que continúen trabajando “teniendo en mente el interés a largo plazo de Colombia”.
A este respecto, Ruiz Massieu clarificó que los ceses al fuego “no sustituyen las políticas de seguridad por parte del Estado destinadas a proveer protección y bienestar a las comunidades afectadas por el conflicto”, sino que deben ser complementarios. Asimismo, destacó que confía en que se avance en la implementación de la política de desmantelamiento de grupos armados y la política de defensa del Gobierno con enfoque en la seguridad humana.
Respecto a la próxima reunión entre ambas partes esta semana en Caracas, Ruiz Massieu espera que “se pueda evaluar” la implementación de lo acordado hasta la actualidad, y “se tomen decisiones” para avanzar en la agenda pactada en el Acuerdo de México.
Asimismo, según el secretario general, las conversaciones entre el Gobierno y el EMC son “una oportunidad para superar dificultades, fortalecer el cese al fuego y avanzar en la definición de una agenda”. Sin embargo, destacó que la credibilidad del proceso depende del cese de la violencia contra la población civil.
Ruiz Massieu señaló que es esencial que den “muestras claras de su voluntad de paz”. “Toda hostilidad en contra de la población civil manda el mensaje contrario, erosiona la confianza entre las partes y de la sociedad”, añadió, en referencia a los hechos violentos contra la población indígena en Cauca.
Sobre la Reforma Rural Integral, el secretario general celebró los notorios incrementos presupuestales para 2024 de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural y subrayó la necesidad del “uso estratégico” de esos recursos y la coordinación interinstitucional para garantizar que los esfuerzos de entrega de tierras lleguen a grupos vulnerables como los campesinos sin tierra, las víctimas del conflicto y las mujeres rurales.
El informe destacó que la implementación del capítulo étnico sigue enfrentando retos. Ruiz Massieu señaló que espera “con interés” resultados concretos hacia el objetivo de lograr el 60% de su implementación para 2026.
En cuanto a las provisiones de género, el informe subrayó la necesidad de incrementar los recursos de las entidades del Gobierno para acelerar su implementación. A este respecto, el responsable de la Misión espera que el plan de acción nacional para la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, “contribuya a impulsar la aplicación la agenda de mujer, paz y seguridad en el país”.
“Los principios del plan relativos a la participación de la mujer y a la elaboración de acuerdos que tengan en cuenta las dimensiones de género del conflicto y la construcción de la paz deberían tenerse debidamente en cuenta y reflejarse en las iniciativas de diálogo en curso con los grupos armados”, concluyó.
A continuación, intervino Marcela Sánchez, directora ejecutiva de la ONG Colombia Diversa, que da visibilidad al impacto del conflicto en las mujeres y las personas LGBTQ.
Sánchez destacó que, en Colombia, las personas de este colectivo, al igual que las mujeres, “han sido objeto de ataques por ser quienes son, debido a las arraigadas normas patriarcales y a la discriminación social y legal”.
Durante el conflicto, las personas LGBTQ, en particular las personas afrocolombianas y adolescentes, fueron perseguidas, desaparecidas y asesinadas por los actores armados, señaló la directora, añadiendo que, hasta marzo de 2024, el Registro de la Unidad de Víctimas reportó 6000 víctimas LGBTQ. Sin embargo, todavía no tienen datos certeros sobre el número total de víctimas.
“Muchas personas LGBTQ que sobrevivieron a la violencia armada se encontraron sin recursos legales debido a un sistema que no reconocía la violencia en su contra como delito (…) pero el contexto de la violencia deja claro que estos crímenes formaban parte de un patrón de persecución por motivos de género, un crimen de lesa humanidad que debe ser finalmente juzgado”, señaló Sánchez.
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