QUITO, 21 feb (NNN-TELESUR) — Comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana realizaron el martes una marcha y se congregaron frente a la sede de la Corte Constitucional (CC) en Quito con el objetivo de demandar respuestas y soluciones ante un derrame de petróleo que tuvo lugar hace casi cuatro años.
“Exigimos que haya una reparación total de nuestros ríos, porque hoy encontramos ríos totalmente contaminados”, declaró a medios locales el presidente de la Federación de Comunas Unidas de Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), Rafael Yumbo.
El derrame de petróleo tuvo lugar el 7 de abril de 2020, cuando se produjo la ruptura de tramos del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del Poliducto Shushufindi-Quito. Estos sistemas son responsables del transporte de petróleo y derivados desde la Amazonía hasta Esmeraldas, una provincia ubicada en la costa occidental del país.
La ruptura ocurrió en la localidad de San Rafael, ubicada en el límite de las provincias de Sucumbíos y Napo en el país sudamericano. El incidente fue causado por un hundimiento de tierra.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y la Fcunae señalaron en un comunicado conjunto publicado este martes que “esa rotura derramó al río Coca al menos 15.800 barriles de hidrocarburos”.
Según las organizaciones, el caso se encuentra actualmente en manos de la jueza Daniela Salazar de la Corte Constitucional (CC) desde abril de 2021, bajo la categoría de “acción extraordinaria de protección”.
“En estos tres años, la CC no se ha pronunciado a pesar de la gravedad del derrame y sus afectaciones, las irregularidades en los procesos en cortes inferiores y la persistencia de los derrames de petróleo en el sector”, indicaron en el comunicado.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y la Fcunae afirmaron que el derrame de petróleo podría haberse evitado, ya que científicos habían advertido sobre el inminente riesgo de rotura de los tres oleoductos. Estas advertencias surgieron después de que, el 2 de febrero de 2020, más de dos meses antes, la erosión regresiva del río Coca provocara la implosión de la cascada de San Rafael.
Además, el 5 de abril, dos días antes del incidente, los guardaparques habían observado movimientos inusuales en el terreno y alertaron a las autoridades.
“Ni las autoridades ni las empresas tomaron medidas para prevenir el derrame que sabían que resultaría en caso de rotura de los tubos llenos. Si las hubieran tomado a tiempo, solo habríamos lamentado la rotura de tubos vacíos”, dice en su texto.
Además de la falta de medidas preventivas, las organizaciones señalaron que las supuestas medidas de respuesta tampoco fueron efectivas, ya que no se logró recuperar ningún barril de petróleo.
“La supuesta reparación fue insuficiente, incompleta e inadecuada. Nunca hubo un diálogo con las comunidades ni la consulta debida sobre cómo se determinaría las afectaciones ni la reparación integral”, enfatizan.
De acuerdo con las estimaciones realizadas en ese momento por Amazon Frontlines, el derrame de petróleo afectó a un total de 118,617 personas, pertenecientes a 22 parroquias rurales distribuidas en ocho cantones de las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana.
Casi cuatro años después, manifestaron la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y la Fcunae, “las comunidades ribereñas siguen afectadas en su pervivencia física y cultural. Los ríos y suelos han dejado de ser fuente de subsistencia, de agua, de alimentos, de vida […] Como resultado, hasta el día de hoy manifiestan padecimientos de salud. Los efectos más graves los sufren mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes”.
— NNN-TELESUR
